Un trabajador que encuentre cómo mejorar una máquina, una empresa privada que necesite una solución técnica y un investigador que busque financiar su trabajo están entre los afectados por las normas de ciencia publicadas por el régimen el 9 de noviembre. El paquete regula quién participa, cómo se contratan los resultados y qué pasos permiten cobrar por una mejora. Pero mantiene la dirección estatal y reserva un régimen de normas internas para las FAR y el MININT.
La Gaceta Oficial número 94 reúne cuatro textos: la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, su reglamento, otro sobre innovaciones y racionalizaciones y un decreto ley sobre la Academia de Ciencias. Sus disposiciones finales fijan la entrada en vigor a los sesenta días de la publicación. No son solo reglas para laboratorios: alcanzan también a empresas, cooperativas, universidades y personas que propongan soluciones útiles en la producción o los servicios.
Qué significa la excepción militar
Las actividades científicas y tecnológicas de las FAR y el MININT se regirán por sus normas internas. La ley general y su reglamento se aplicarán de forma «supletoria»: servirán para completar lo que esas normas propias no regulen. Eso no equivale a quedar exentos de toda la ley, pero sí establece un trato distinto al del resto del sistema. Los dos ministerios deberán informar una vez al año al presidente sobre los resultados de esas actividades.
La diferencia también alcanza a las reclamaciones por innovaciones. El Decreto 155 prevé para el régimen general recursos ante el superior y acceso a la vía judicial; para FAR y MININT remite al procedimiento establecido por esos organismos. No debe confundirse esa remisión con una prohibición expresa de acudir a los tribunales, que ese artículo no establece.
Un trabajador puede cobrar por una mejora, pero no basta con tener la idea
Pensemos, como ejemplo, en un mecánico que diseña una modificación para que un equipo consuma menos combustible. El Decreto 155 contempla reconocer soluciones nuevas y útiles como esa, siempre que cumplan sus requisitos. Entre ellos, que la propuesta se obtenga adicionalmente a las funciones laborales del autor. No toda tarea bien hecha dentro del puesto genera este pago.
Para obtener el reconocimiento hay que solicitar el registro, explicar la solución y aportar los planos o esquemas necesarios. La entidad debe prestar asistencia técnico-material gratuita para preparar y tramitar la documentación. Quien no tenga vínculo laboral puede acudir al buró municipal de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, o al provincial donde no exista el municipal, para recibir orientación.
El pago depende de que la mejora se aplique y se certifique su resultado económico, técnico o social. En el ejemplo de una mejora con ahorro económico, el decreto prevé un primer abono de hasta el 10 % de la remuneración estimada, no del ahorro de la empresa. El resto se paga después de evaluar el primer año de aplicación, con la posibilidad de adelantar la evaluación bajo determinadas condiciones. Por tanto, registrar una idea no significa cobrar de inmediato ni recibir una cantidad fija.
Qué supone para un negocio privado o una cooperativa
La ley reconoce expresamente a empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia como participantes del sistema. No convierte por ese solo hecho a cualquier negocio en un centro científico ni le concede automáticamente financiación.
Por ejemplo, una cooperativa que quisiera encargar a una entidad científica una técnica para conservar sus productos podría contratar ese trabajo. La ley contempla que las entidades cobren por sus servicios y por el uso de sus resultados. Las «regalías» son precisamente pagos por aprovechar un resultado que genera beneficios: el conocimiento no tiene por qué entregarse gratis al negocio que lo utiliza.
También se prevén préstamos, fondos para arrancar proyectos y ayudas que no deban devolverse. Pero son instrumentos para financiar proyectos y empresas tecnológicas, no un cheque asignado a cada cuentapropista. Participar en el sistema y obtener dinero son cosas distintas.
Quién sigue decidiendo
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente mantiene la coordinación general. La estrategia nacional, que marca prioridades y financiación, necesita la aprobación del Consejo de Ministros. La participación privada se incorpora, por tanto, a un sistema de planificación estatal; no sustituye esa dirección.
El decreto ley de la Academia de Ciencias también refleja ese límite. La define con autonomía de gestión e independiente de los organismos de la Administración Central del Estado, pero dispone que el Consejo de Ministros designe a su presidente, a propuesta del pleno de académicos. La autonomía que reconoce el texto no equivale a independencia del poder político.
Y para la población, ¿qué puede cambiar?
Además de los efectos sobre quienes trabajan o contratan en este sector, el reglamento dispone que publicaciones científicas y datos asociados se depositen en repositorios de acceso abierto. Eso puede facilitar que estudiantes, profesionales y ciudadanos consulten conocimiento sin depender únicamente de la institución que lo produjo.
La obligación tiene excepciones: confidencialidad, protección de la propiedad industrial, seguridad nacional, privacidad y otras previstas en la normativa. No supone acceso público a toda investigación, y la disponibilidad efectiva dependerá de su aplicación.
El alcance del paquete está en esas reglas concretas: cómo registrar una mejora, contratar conocimiento, financiar un proyecto o acceder a resultados. Convertirlas en mejores servicios o productos exige que los proyectos se ejecuten y lleguen a la población. La publicación de las normas, por sí sola, no demuestra ese resultado.
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Imagen ilustrativa de archivo: Acagastya / Wikimedia Commons, CC0. No corresponde a un laboratorio cubano. Imagen original.
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