Santiago Peña compareció este sábado 7 de noviembre en la sede de la Fiscalía General del Estado de Paraguay para una declaración indagatoria, un día después de ser destituido por el Senado y de que los fiscales ordenaran su detención en una investigación vinculada al caso Ueno Bank. El Ministerio Público confirmó su presencia en la institución, asistido por el abogado Ricardo Preda.
El relevo presidencial se consumó el viernes 6 de noviembre. El Senado declaró a Peña culpable de mal desempeño en sus funciones y lo separó del cargo por unanimidad de los legisladores presentes. El hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, juró como nuevo presidente para completar el mandato constitucional de 2023 a 2028.
La Cámara Alta informó también de la elección y juramento de Antonio Barrios como vicepresidente para cubrir la vacante. La Corte Suprema de Justicia confirmó la participación de su presidente, Alberto Martínez Simón, en la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades.
La crisis política está ligada al colapso de Ueno Bank y a las denuncias sobre la colocación de fondos públicos en la entidad. La Fiscalía abrió tres causas penales el 5 de noviembre para investigar la supervisión y resolución del banco, el depósito de recursos estatales y las actuaciones de autoridades y exautoridades de distintas instituciones.
El 6 de noviembre, los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez ordenaron la detención de Peña y de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles, dentro de la causa penal 92/2026.
La resolución inicial dispuso que Peña permaneciera detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público. Posteriormente fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial por motivos de seguridad, según informó este sábado el diario paraguayo La Nación. Ese medio señaló también que la comparecencia se trasladó a la sede de la Fiscalía General por razones de seguridad.
La destitución corresponde a un juicio político por mal desempeño, distinto de la investigación penal. En su crónica de la sesión, el Senado precisó que la acusación parlamentaria no juzgaba delitos comunes, sino la responsabilidad de Peña por sus acciones u omisiones en el ejercicio del cargo. La comparecencia anunciada este sábado por la Fiscalía forma parte del proceso penal abierto por el caso bancario.
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