Odalys Oliva Alfonso, responsable del Registro de Asociaciones en La Habana, participó en la auditoría del Asilo Nacional Masónico Llansó y fue quien acusó a los masones que afrontan un proceso por tráfico ilegal de divisas. La funcionaria tiene prevista su asistencia al juicio señalado para este jueves 5 de noviembre contra cuatro miembros de la institución.
La revisión de los fondos del asilo no encontró faltantes, según denunció el escritor Ángel Santiesteban Prats, uno de los acusados, en declaraciones a CubaNet. El proceso incluye el cambio de dólares donados para comprar leche a los ancianos, una operación que la defensa presenta como parte de la labor benéfica del Patronato y no como un negocio de compraventa de moneda.
La intervención del Registro de Asociaciones en las finanzas del asilo tiene antecedentes públicos. En julio de 2025, el Patronato denunció que una comisión había acudido el día 1 de ese mes a revisar los libros y vales de las donaciones en divisas recibidas de masones residentes en el exterior. El informe, al que tuvo acceso CubaNet, identificó entre sus integrantes a Odalys Oliva, del Ministerio de Justicia, junto a un responsable nacional del Adulto Mayor y una auditora de la Contraloría.
El Patronato rechazó aquella intervención como una violación de su autonomía. "Nadie puede auditar el dinero que no tiene que ver con ellos", señaló en el documento, al defender que las donaciones privadas debían administrarse de acuerdo con las decisiones de los masones y las indicaciones de sus donantes.
Santiesteban denunció el 2 de junio de 2026 que había sido instruido de cargos y sometido a reclusión domiciliaria después de una auditoría a los libros contables del asilo. "Nunca ha faltado un centavo", declaró a CubaNet. También rechazó que hubiera realizado una compraventa de dólares: "Lo que hice fue sustituir dinero".
Según su explicación, los donantes indicaron que los 200 dólares destinados inicialmente a la compra de leche se intercambiaran por su equivalente en moneda nacional entre dos fondos del propio asilo. El abogado defensor Roberto Ortega Ortiz sostiene en sus conclusiones provisionales que esa operación permitió comprar leche en polvo para los ancianos.
La causa incluye a José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre señaló la vista para las 9:00 de la mañana de este 5 de noviembre, según el auto de admisión de pruebas fechado el 29 de octubre. La Fiscalía solicita entre dos y cuatro años de limitación de libertad y multas de 20.000 o 25.000 pesos.
El expediente abarca dos operaciones por un total de 300 dólares. Además de los 200 relacionados con la leche, incluye un cambio de 100 dólares que, según la defensa, permitió al asilo disponer de pesos para emergencias y a Villegas Digat obtener divisas para comprar un medicamento para su hijo.
Ortega Ortiz pide la absolución de los cuatro acusados. En sus conclusiones del 9 de octubre sostiene que los cambios se realizaron dentro de la institución y entre miembros del Patronato, sin beneficio personal para los implicados, y que no constituyen delito.
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