El presidente designado Miguel Díaz-Canel presentó al régimen como garante de las personas vulnerables en el último episodio de Desde la Presidencia. Sin embargo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, reconoció demoras, insensibilidad y dificultades para acceder a la asistencia: problemas que también denuncia la sociedad civil independiente, cuyos integrantes afrontan hostigamiento, detenciones y procesos penales por hacer públicas las carencias y reclamar soluciones.
La contradicción atraviesa el programa. Cuando un funcionario admite las deficiencias, el discurso oficial lo presenta como voluntad de corregirlas. Cuando ciudadanos, periodistas y activistas denuncian esos mismos problemas, las autoridades pueden tratarlos como adversarios políticos.
La ayuda que llega después de una denuncia
Díaz-Canel sostuvo que la justicia social debe medirse por la facilidad con que una persona vulnerable accede a la protección. Su ministro relató el caso de una madre cuidadora cuya solicitud pasó meses sin respuesta hasta que su situación llegó a un programa de radio.
El caso revela una falla concreta: una familia necesitó exposición pública para conseguir que las instituciones atendieran su reclamación.
Otamendiz informó de más de 1,3 millones de familias visitadas y 883.426 personas vulnerables identificadas. Sin un desglose de ayudas concedidas, solicitudes rechazadas y tiempos de espera, esas cifras no permiten evaluar la eficacia de la asistencia.
La sanidad es pública y la paga la población
Díaz-Canel volvió a presentar la atención sanitaria como gratuita. Pero la sanidad pública tiene un coste que se sostiene con los recursos de la sociedad, incluidos el trabajo de los cubanos, los impuestos y los ingresos públicos. No es un regalo del régimen.
Los bajos salarios y el sacrificio económico de la población tampoco se traducen en servicios garantizados con calidad.
Una crónica publicada el 29 de octubre por la Agencia Cubana de Noticias recoge que la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, reutiliza sondas de aspiración y tubos endotraqueales por falta de suministros. Su responsable también reconoció dificultades para disponer de antibióticos, sedantes y albúmina humana.
La corrupción, la mala administración y las prioridades del gasto público deben formar parte del examen de esas carencias. Atribuirlas únicamente al embargo permite eludir preguntas sobre las decisiones internas y sus responsables.
La rendición de cuentas exige explicar cuánto dinero se recauda, en qué se utiliza, quién decide su destino y qué resultados obtiene. Las cifras generales y las intervenciones televisivas no sustituyen una fiscalización independiente del dinero público.
Una sociedad civil con permiso y otra reprimida
El programa presentó a Quisicuaba y a organizaciones religiosas y fraternales como participantes de la política social. Su labor asistencial merece ser examinada por sus resultados, pero no representa a toda la sociedad civil cubana.
También forman parte de ella quienes documentan hospitales sin recursos, acompañan a familias desatendidas o protestan por la falta de agua y electricidad. Las denuncias de represión y encarcelamiento contra esos ciudadanos contradicen el discurso de inclusión.
Reconocer una carencia desde un ministerio y castigar a quien la denuncia desde la calle expone el límite de esa inclusión: el régimen admite la crítica bajo su control, mientras persigue a quienes la ejercen de forma independiente.
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