Las excarcelaciones de presos políticos en Cuba no siempre han supuesto el fin de la represión. La directora de Justicia11J, Camila Rodríguez, advirtió en una entrevista concedida a CIVICUS que las salidas de prisión documentadas en 2025 y 2026 han estado acompañadas de vigilancia, citaciones policiales, amenazas y restricciones a la libertad de movimiento.
«Para muchas personas presas políticas, salir de prisión ha significado pasar a otra forma de control estatal, bajo la amenaza constante de volver a la cárcel», afirmó Rodríguez. Su denuncia sitúa la diferencia entre la excarcelación y la libertad en las condiciones que el régimen sigue imponiendo fuera de los penales.
En la entrevista, publicada el 26 de octubre, la directora señaló que Justicia11J ha identificado a 337 personas que siguen presas. Más de 150 cumplen condenas de diez años o más y algunas llegan a 22 años. Son cifras de los casos documentados por la iniciativa, que nació para registrar las detenciones vinculadas a las protestas de julio de 2021.
Rodríguez también describió aislamiento, golpizas, restricciones de las comunicaciones y denegación de atención médica, documentados junto con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. A su juicio, las condiciones de reclusión se han deteriorado de forma alarmante.
La represión no ha logrado frenar las protestas. Justicia11J ha registrado más de 1.700 desde 2022, incluso en localidades donde no hubo manifestaciones durante el 11J. Incluyen cacerolazos y cierres de calles, especialmente por los apagones, junto con otras demandas políticas. La directora advirtió que muchas terminan en detenciones arbitrarias y procesos penales.
Las familias, especialmente las mujeres, sostienen buena parte de la denuncia y del acompañamiento a los presos pese a las amenazas, el hostigamiento y las cargas económicas y de cuidados. La organización señala que el miedo a represalias, el exilio forzado y la falta de recursos dificultan la documentación y la asistencia.
Ante ese escenario, Rodríguez pidió a la comunidad internacional dejar de convertir la libertad de los presos en una moneda de intercambio diplomático. Reclamó excarcelaciones plenas e incondicionales, sin restricciones arbitrarias y sin exigir la salida del país, además de seguimiento independiente y apoyo a la documentación de los abusos.
Su advertencia va más allá de los casos individuales: mientras permanezcan las estructuras que permiten castigar el ejercicio de los derechos fundamentales, seguirá existiendo el riesgo de nuevas detenciones.
Fuente: Entrevista de CIVICUS a Camila Rodríguez.
Camila Rodríguez, directora de Justicia11J. Imagen publicada por CIVICUS Lens.
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