Foto: Departamento de Estado de EE. UU., vía Wikimedia Commons
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este jueves al Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), de propiedad estatal cubana, por prestar servicios financieros al sancionado banco iraní Karafarin desde al menos 2022, en una medida que el secretario de Estado, Marco Rubio, enmarcó en la ofensiva de Washington contra los vínculos de seguridad y financieros entre La Habana y Teherán.
El anuncio, firmado por Rubio, señala que BICSA «ha prestado servicios al designado banco iraní Karafarin desde al menos 2022». Esa entidad fue sancionada por el Departamento del Tesoro en 2020 al amparo de la orden ejecutiva 13902. La designación se produjo «en concierto» con una acción del Tesoro contra actores financieros iraníes, que el mismo día añadió a su lista de sancionados a varias casas de cambio y bancos vinculados a Teherán.
BICSA quedó designado conforme a la sección 2(a)(i)(A) de la orden ejecutiva 14404, firmada por Trump el pasado 1 de mayo, por «operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana». Fundado en 1993 y con sede en Miramar, La Habana, es el banco estatal cubano dedicado al comercio internacional.
Rubio fue más allá de lo financiero y acusó a la isla de servir de plataforma a adversarios de Washington. «Durante demasiado tiempo, a la Cuba comunista se le ha permitido operar como un puesto avanzado de actores malignos y grupos terroristas —incluida la República Islámica de Irán, el patrocinador estatal número uno del terrorismo en el mundo— para atacar a Estados Unidos», escribió en su cuenta de X. «La Administración Trump no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a menos de cien millas de nuestra patria», añadió, y prometió «seguir identificando y eliminando agresivamente las interconexiones financieras y de seguridad del régimen cubano con Irán y otros Estados y actores peligrosos y hostiles».
Como consecuencia de la designación, todos los bienes e intereses de BICSA que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y la regla del 50 por ciento extiende la medida a cualquier entidad participada mayoritariamente por el banco. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aclaró que Washington no tiene intención de sancionar a personas extranjeras —incluidas instituciones financieras— por transacciones necesarias para desinvertir o liquidar operaciones con BICSA hasta el 14 de noviembre de 2026, aunque advirtió de que devolver activos al sancionado o transferirlos a otra jurisdicción sí puede exponerlas a un riesgo significativo de sanciones. Las personas bajo jurisdicción estadounidense, recordó, ya tenían prohibido operar con el banco cubano.
La medida se inscribe en la serie de designaciones de la Administración Trump bajo la orden ejecutiva 14404, que en los últimos meses alcanzó al Ministerio de Construcción (MICONS), el 20 de agosto, y al Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOM), el 13 de julio.
La respuesta del régimen no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez calificó en X la medida de «nueva acción agresiva contra Cuba, esta vez contra BICSA, un banco absolutamente legítimo cuyas transacciones en Cuba y el mundo también lo son», y la presentó como «una evidencia de la determinación criminal de aplicar el castigo máximo contra el pueblo cubano y «cerrar cada válvula de alivio» de la economía cubana». En la misma línea, la Cancillería escribió que «atacar las operaciones legítimas de BICSA evidencia el propósito de asfixiar nuestra economía y castigar colectivamente a todo un pueblo», bajo la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza.
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