Más de 550 organizaciones y activistas democráticos cubanos, dentro y fuera de la isla, han lanzado un llamamiento urgente a la Unión Europea y a otras democracias para que voten en contra, o al menos se abstengan, de la resolución que el régimen cubano presentará en la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU contra las sanciones de Estados Unidos.
El documento, fechado en Miami el 8 de octubre de 2026, está impulsado por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dentro del Acuerdo de Liberación. Se dirige de forma expresa a la UE y sus Estados miembros, así como al Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas. Les pide «no prolongar el sufrimiento del pueblo cubano votando por los opresores».
La votación anual está prevista para el 28 de octubre, según el calendario difundido por la prensa. El año pasado la resolución obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, frente a los 187 apoyos de 2024.
«Cada año el régimen utiliza esta votación para presentarse como víctima inocente de una agresión extranjera, mientras oculta su responsabilidad directa en la tragedia nacional», sostienen los firmantes. Recuerdan que la dictadura impide elecciones libres, separación de poderes, prensa independiente, libertad de asociación y sindicatos independientes, y calla sobre los presos políticos, la represión de las protestas pacíficas, el exilio forzado, las confiscaciones y el monopolio económico de la cúpula militar.
Para el llamamiento, el sufrimiento de los cubanos no es consecuencia fundamental de las sanciones, sino del sistema político de Fidel y Raúl Castro, que hoy perpetúan Miguel Díaz-Canel, la dirigencia del Partido Comunista, la jerarquía militar y el aparato represivo. Afirman que destruyeron una economía productiva, persiguieron la empresa privada y malgastaron miles de millones recibidos de la Unión Soviética, Venezuela y otros aliados.
Los firmantes advierten de que cada voto favorable es presentado por el régimen como una victoria política propia, mientras los presos políticos y sus familias ven a gobiernos democráticos parecer respaldar el relato de sus verdugos. «La verdadera solidaridad debe dirigirse al pueblo cubano, no a la dictadura», afirman.
Proponen una política de dos vías: sanciones políticas y económicas selectivas contra los responsables de la represión, la corrupción y el saqueo, y ayuda humanitaria directa a quienes la necesitan. Alimentos, medicinas y equipos médicos, señalan, deberían canalizarse a través de Cáritas, iglesias independientes, organizaciones humanitarias fiables y estructuras verificables de la sociedad civil, y no entregarse sin garantías a instituciones controladas por el Partido Comunista ni a los conglomerados militares.
Como prueba de que existen cauces para el comercio y la ayuda pese a las sanciones, citan que entre enero y julio de 2026 Estados Unidos exportó a Cuba unos 674 millones de dólares en bienes, cerca de un 61,8 % más que en el mismo periodo de 2025.
Entre los firmantes figuran los presos de conciencia Félix Navarro y Sayli Navarro, de Matanzas; el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer; el secretario general de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat; el artista Luis Manuel Otero Alcántara; el expreso político Jorge Luis García Pérez «Antúnez»; el escritor Ángel Santiesteban; Ángel Moya y Iván Hernández Carrillo, del Grupo de los 75; y Carolina Barrero, además de dirigentes de la Fundación Nacional Cubano Americana y del Directorio Democrático Cubano.
«Pedimos que no se vote a favor de los opresores del pueblo cubano», concluye el texto, que aspira a que Cuba recupere su libertad y sea «con todos y para el bien de todos».
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Imagen de portada: UN Photo/Manuel Elías
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