¿Cuánto más tiene que deteriorarse la vida en Cuba para que quienes desean un cambio decidan participar en él? La pregunta incomoda, pero nace de una frustración comprensible: ver cómo pasan los años, empeoran las condiciones de vida y todavía se espera que la libertad llegue a la puerta de la casa.
El miedo tiene razones. Bajo una dictadura, protestar puede significar perder el trabajo, sufrir vigilancia, recibir amenazas o terminar en prisión. Sería injusto ignorar ese precio o exigir heroísmo como si todos tuvieran las mismas circunstancias. La responsabilidad de la represión corresponde al régimen que la ejerce.
Pero reconocer el miedo no obliga a aceptar la resignación como destino.
Hay una idea que merece discutirse: querer que las cosas mejoren mientras se espera que otros asuman todos los riesgos. Que otro denuncie, que otro salga a la calle, que otra madre reclame justicia, que otra familia enfrente sola la persecución. Así, quienes dan un paso al frente quedan expuestos, mientras muchos de los que comparten su inconformidad permanecen como espectadores.
Una sociedad difícilmente puede conquistar derechos si abandona a quienes los reclaman.
Quedarse quieto también tiene un coste. La vida no se pierde únicamente en una cárcel: se consume esperando condiciones dignas, aplazando proyectos, renunciando a oportunidades y viendo cómo la familia se dispersa. Esos años no se recuperan.
Callar puede evitar una represalia inmediata, pero no protege del deterioro. El régimen también decide sobre la vida de quienes nunca lo cuestionan públicamente. La obediencia no ofrece inmunidad frente a las consecuencias de su gestión.
Eso no significa que todos deban actuar de la misma manera. La participación cívica tiene muchas formas: acompañar a una familia perseguida, respaldar una denuncia, negarse a participar en un acto de repudio, defender a quien sufre una injusticia o dejar de justificar el abuso cuando afecta a otra persona. Son decisiones que rompen el aislamiento del que se alimenta la represión.
El día del juicio contra Anna Bensi y su madre, condenadas por grabar a un oficial, la policía detuvo o cercó en sus casas a quienes intentaron acompañarlas. El régimen conoce el valor de la solidaridad: por eso la persigue.
Tampoco basta con esperar una solución del exterior. La solidaridad internacional puede ayudar, pero ninguna ayuda sustituye la voluntad de una sociedad de defender sus derechos.
Cuba necesita libertad, y esa aspiración merece algo más que conversaciones privadas donde todos reconocen el desastre y después vuelven a sentirse solos. Necesita solidaridad concreta, compromiso y la convicción de que el sufrimiento del vecino también nos concierne.
La pregunta no es solo qué puede pasar si hacemos algo. También es cuánto estamos perdiendo mientras esperamos.
Foto: Yorney / CC BY-SA 4.0
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