Declaran culpable a cubano de Hialeah por integrar red que movió más de $20 millones traficando migrantes

Un jurado federal declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, cubano de 28 años residente en Hialeah, por su participación en una extensa red internacional dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de dinero, informó este 25 de septiembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Según documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Cabrera-Rodríguez formaba parte de una organización que facilitó durante años la entrada irregular a Estados Unidos de miles de ciudadanos cubanos, utilizando rutas internacionales, solicitudes migratorias fraudulentas y, en algunos casos, vuelos privados. 

El jurado lo declaró culpable de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro, conspiración para lavado internacional de dinero y conspiración para ocultar fondos mediante lavado de dinero.

Su sentencia está prevista para el 17 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La condena concreta será determinada por un juez federal teniendo en cuenta las directrices federales de sentencia y otros factores establecidos por ley. 

Una agencia de viajes como fachada

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Cabrera-Rodríguez utilizó su agencia de viajes como fachada para las operaciones.

Las autoridades aseguran que presentó falsamente al menos 600 solicitudes de autorización de viaje ESTA, además de organizar vuelos desde Cuba hacia terceros países y coordinar posteriormente con otros traficantes el traslado de los migrantes a través de diferentes puntos del continente americano. 

Uno de los mecanismos consistía en presentar a ciudadanos cubanos como si fueran ciudadanos europeos que podían utilizar el programa ESTA para viajar a Estados Unidos.

Las solicitudes incluían direcciones y documentación falsa. Según el DOJ, también se afirmaba falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que algunos se encontraban en la isla en el momento de tramitar las solicitudes. 

La organización promocionaba sus servicios mediante redes sociales y plataformas de mensajería. En la acusación presentada en 2025, las autoridades describieron incluso un grupo de WhatsApp dedicado a promocionar trámites de ESTA y visas de turismo para supuestos ciudadanos españoles. 

Entre $1.500 y $40.000 por persona

El negocio alcanzó dimensiones millonarias.

Los fiscales sostienen que los integrantes de la organización cobraban a sus clientes entre 1.500 y 40.000 dólares por sus servicios. En determinadas operaciones llegaron a contratar aviones privados para transportar grupos de migrantes. 

La investigación financiera presentada inicialmente contra la organización reveló que esta había gastado más de 2,5 millones de dólares solamente en vuelos y movido más de 7 millones de dólares mediante aplicaciones de pago como Zelle.

Un análisis de 27 cuentas conocidas vinculadas entonces a los acusados y sus colaboradores calculó que la organización había recibido más de 18 millones de dólares durante la conspiración. 

La investigación posterior amplió todavía más la dimensión financiera atribuida a la estructura: el DOJ informó ahora que más de 20 millones de dólares pasaron por hasta 57 cuentas bancarias controladas por Cabrera-Rodríguez y sus colaboradores. 

Entre 2021 y 2024, Cabrera-Rodríguez y otros miembros de la organización también enviaron más de 600.000 dólares desde Estados Unidos al extranjero para adquirir vuelos utilizados en las rutas migratorias. 

Miles de cubanos y menores entre los trasladados

La acusación federal presentada en septiembre de 2025 describe una operación que funcionó, al menos, entre enero de 2021 y junio de 2025.

Las autoridades sostienen que la red promovía servicios migratorios falsos y alentaba o facilitaba la entrada irregular de miles de cubanos a Estados Unidos.

El expediente también incluye casos relacionados con menores no acompañados. En uno de ellos, una adolescente habría recibido instrucciones para presentarse ante las autoridades fronterizas como amiga de toda la vida de un hombre adulto con quien no tenía relación. 

La organización operaba además una empresa denominada ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC, que ofrecía solicitudes de asilo, permisos de trabajo y trámites de residencia.

Según la acusación, esa empresa elaboraba solicitudes de asilo estandarizadas sin conocimiento o consentimiento de algunos clientes y llegó a impedirles acceder a sus propias cuentas digitales de USCIS. 

Doce personas acusadas

El caso es considerablemente más amplio que la condena de Cabrera-Rodríguez.

Un total de 12 personas fueron acusadas en una acusación sustitutiva presentada por las autoridades federales.

Hasta la actualización del DOJ del 25 de septiembre, Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez, Walbis Pozo-Dutel, Luis Emmanuel Escalona-Marrero y Gisleivy Peralta Consuegra se habían declarado culpables y estaban pendientes de sentencia.

Otro acusado, Erik Ventura-Castro, se declaró culpable el 7 de mayo y fue condenado el 29 de julio a 30 meses de prisión. 

En agosto, otro de los acusados, Yuniel Lima-Santos, también se declaró culpable de varios cargos relacionados con tráfico de migrantes, fraude y lavado de dinero. En su caso, el DOJ reveló además que admitió haber colaborado en la entrada de mujeres cubanas a Estados Unidos que posteriormente trabajarían en clubes de striptease para pagar la deuda contraída por su traslado. 

Investigación federal con participación internacional

La investigación forma parte del trabajo de Joint Task Force Alpha, iniciativa conjunta de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para combatir organizaciones dedicadas al tráfico de personas y otros delitos migratorios.

Las pesquisas fueron encabezadas en Estados Unidos por Homeland Security Investigations (HSI) en Tampa, la Patrulla Fronteriza del sector Miami y la unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS.

También participaron otras unidades federales y las autoridades de Islas Caimán. 

La condena de Cabrera-Rodríguez marca un nuevo avance judicial en un expediente que expone la dimensión económica alcanzada por una estructura que, según las autoridades estadounidenses, convirtió las rutas migratorias de miles de cubanos en un negocio multimillonario entre 2021 y 2025.