Seguridad del Estado impone nueva medida cautelar al líder masón José Ramón Viñas tras interrogarlo por “desobediencia”

José Ramón Viñas Alonso salió en libertad después de ser interrogado este martes por la Seguridad del Estado, pero las autoridades le impusieron una nueva medida cautelar por el presunto delito de “desobediencia”. El líder del Supremo Consejo del Grado 33 deberá presentarse a firmar semanalmente y permanece sujeto a restricciones de movimiento y a la prohibición de salir de Cuba.

La comparecencia constituye un nuevo episodio del enfrentamiento entre las autoridades cubanas y miembros de la masonería que rechazan lo que consideran una intervención del Estado en los asuntos internos de sus instituciones.

Viñas había sido citado para comparecer este 18 de agosto ante un instructor penal del Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado.

La citación original, documentada por CubaNet, señalaba que sería instruido por el supuesto delito de “desobediencia”, pocos días después de que más de un centenar de masones respaldaran su permanencia al frente del Supremo Consejo y rechazaran un intento del Ministerio de Justicia de apartarlo.

Tras abandonar el interrogatorio, Viñas confirmó personalmente la imposición de la nueva medida cautelar.

Tendrá que firmar cada miércoles

Entre las condiciones impuestas se encuentra la obligación de presentarse ante las autoridades todos los miércoles a las 2:00 de la tarde.

Viñas también indicó que continúa sometido a restricciones de movimiento y tiene prohibido abandonar el territorio nacional.

La medida significa que, aunque no quedó detenido después del interrogatorio, permanece bajo control de las autoridades mientras continúa el proceso relacionado con la presunta “desobediencia”.

La imposición de estas restricciones añade presión sobre un dirigente masónico que ya había enfrentado anteriormente interrogatorios y actuaciones policiales.

Viñas cuestiona la intervención de la Seguridad del Estado

Al salir de la comparecencia, Viñas puso en duda que una controversia relacionada con la dirección de una institución masónica haya terminado convertida en un asunto de la policía política.

“No entendemos cómo un litigio administrativo entre el Ministerio de Justicia y el Supremo Consejo se ha convertido en un interés de la Seguridad del Estado”, declaró.

Para Viñas, la explicación podría encontrarse en el peso histórico y la capacidad de convocatoria de la masonería cubana.

La controversia comenzó como una disputa sobre quién tiene autoridad para decidir la dirección del Supremo Consejo del Grado 33, pero la entrada de un instructor penal de la Seguridad del Estado ha trasladado el conflicto a otro terreno.

Los masones lo reconocen aunque el Estado no

Viñas reconoce que las autoridades cubanas no lo consideran legalmente Soberano Gran Comendador.

Sin embargo, sostiene que dentro de la institución continúa contando con el reconocimiento de sus hermanos masones.

“Legalmente para ustedes no lo soy y lo asumimos para no desacatar. Pero fraternalmente mis hermanos me reconocen como tal”, explicó tras el interrogatorio.

La diferencia resulta esencial para entender el conflicto.

El Estado cuestiona su permanencia en el cargo, mientras un sector importante de los miembros del Supremo Consejo sostiene que las decisiones sobre su dirección corresponden a los mecanismos internos establecidos por la propia institución.

Viñas adelantó además que será la Alta Cámara, prevista para reunirse en septiembre, la que deberá valorar si corresponde celebrar nuevas elecciones.

Según defendió, las decisiones del Supremo Consejo se adoptan mediante votación.

Más de cien masones ya habían rechazado su salida

El conflicto alcanzó uno de sus momentos más tensos el pasado 7 de agosto.

Más de un centenar de masones se reunieron en la sede del Supremo Consejo del Grado 33, conocida como la Catedral Escocesa, en Centro Habana.

La directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, Miriam Marta García Meriño, acudió al lugar junto a otros funcionarios en medio de la disputa sobre la permanencia de Viñas.

Los masones presentes rechazaron que el MINJUS determinara quién debía dirigir la organización y defendieron el derecho de la institución a resolver el conflicto mediante sus propias normas.

Viñas permaneció finalmente al frente del Supremo Consejo desde el punto de vista interno de quienes lo reconocen como su máxima autoridad.

De una disputa administrativa a un expediente penal

La secuencia de acontecimientos resulta especialmente significativa.

Primero existió una controversia administrativa sobre el reconocimiento de Viñas.

Después llegaron los intentos de apartarlo de la dirección.

Los masones se movilizaron y rechazaron la intervención.

Diez días después de aquella concentración, Viñas fue citado por un instructor penal de la Seguridad del Estado por presunta “desobediencia”.

Ahora, tras el interrogatorio, tiene una nueva medida cautelar y deberá comparecer semanalmente ante las autoridades.

El conflicto ha pasado así de los despachos del Ministerio de Justicia a una investigación en la que participa directamente la Seguridad del Estado.

Las presiones contra Viñas vienen de años atrás

El enfrentamiento entre Viñas y las autoridades cubanas no comenzó este mes.

En julio de 2021 fue citado por la Seguridad del Estado después de firmar una carta crítica con Miguel Díaz-Canel y con la represión de las protestas del 11J.

Las tensiones continuaron durante los años siguientes.

En 2025 las autoridades abrieron procesos contra dirigentes masónicos, incluido Viñas, quien también fue interrogado por un supuesto delito relacionado con tráfico de divisas.

El dirigente ha denunciado reiteradamente presiones para que abandone sus responsabilidades dentro de la masonería.

La autonomía de la masonería vuelve al centro del conflicto

Más allá de la situación personal de José Ramón Viñas, el enfrentamiento plantea una cuestión que continúa sin resolverse: hasta dónde puede llegar la supervisión del Estado sobre las asociaciones legalmente reconocidas en Cuba y dónde comienza el derecho de esas organizaciones a decidir sus asuntos internos.

Los masones que respaldan a Viñas sostienen que elegir o sustituir al Soberano Gran Comendador corresponde exclusivamente a los mecanismos establecidos por la institución.

Las autoridades, por su parte, no reconocen actualmente a Viñas en ese cargo y han recurrido a procedimientos administrativos y ahora penales dentro del conflicto.

La decisión definitiva sobre el liderazgo podría tener un nuevo capítulo en septiembre, cuando la Alta Cámara valore la celebración de elecciones.

Hasta entonces, Viñas continuará sometido a las restricciones impuestas por las autoridades.

No quedó encarcelado después del interrogatorio del martes.

Pero cada miércoles, a las dos de la tarde, tendrá que volver a presentarse ante ellas.

Una controversia que comenzó sobre quién dirige una institución masónica ha terminado colocando a uno de sus principales líderes bajo una nueva medida cautelar de la Seguridad del Estado.