Roberto Mosquera llegó niño de Cuba a EE.UU.; 45 años después fue deportado a una prisión en África donde sigue sin cargos

Roberto Mosquera del Peral llegó desde Cuba a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel de 1980. Era todavía un niño. Creció, formó una familia y pasó prácticamente toda su vida en territorio estadounidense. Cuatro décadas después, una cita rutinaria con las autoridades migratorias terminó llevándolo a un destino que ni siquiera conocía: Esuatini, un pequeño reino del sur de África.

Desde el 16 de julio de 2025 permanece detenido en el Complejo Correccional de Matsapha, una prisión de máxima seguridad.

No está allí cumpliendo una nueva condena penal.

Según Amnistía Internacional, Mosquera y otros deportados enviados desde Estados Unidos permanecen detenidos en Esuatini sin que las autoridades hayan explicado públicamente una base jurídica suficiente para mantenerlos encarcelados.

El pasado julio cumplió un año en esa situación.

Ahora, una investigación de The New York Times Magazine, cuyo periodista logró comunicarse por videollamada con Mosquera desde la prisión, permite conocer nuevos detalles de una historia que comenzó en Cuba, atravesó casi toda una vida en Estados Unidos y terminó, por ahora, detrás de los muros de una cárcel africana.

De Cuba a Estados Unidos en 1980

Mosquera llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel.

Durante su juventud tuvo problemas graves con la justicia. En sus veinte años fue condenado por delitos relacionados con un tiroteo entre pandillas.

Este antecedente es fundamental para comprender su situación migratoria y no debe omitirse.

Mosquera cumplió su condena y salió de prisión en 1996.

Durante años, sin embargo, Estados Unidos no pudo ejecutar su deportación a Cuba. La Habana no aceptaba el retorno de determinados ciudadanos cubanos con órdenes de expulsión.

Por ello, Mosquera permaneció en Estados Unidos sujeto a controles migratorios periódicos.

Con el paso de los años construyó otra vida.

Trabajó como plomero especializado, se casó y tuvo cuatro hijas.

Habían transcurrido décadas desde su salida de prisión cuando acudió en 2025 a una de sus citas con las autoridades migratorias.

Esta vez no regresó a casa.

Una cita migratoria que terminó en deportación

Mosquera fue detenido por agentes de inmigración durante uno de esos controles.

Su abogada, Alma David, ha explicado que la familia no esperaba que aquella cita terminara con su expulsión del país.

Pero existía una diferencia fundamental respecto a años anteriores.

La Administración estadounidense había comenzado a ampliar las llamadas deportaciones a terceros países: enviar a determinados extranjeros a naciones distintas de su país de origen cuando este no acepta recibirlos o existen otros obstáculos para ejecutar la deportación.

Como Cuba no recibió a Mosquera, Estados Unidos encontró otro destino.

Esuatini.

Mosquera no tenía familia allí.

No había vivido allí.

No tenía vínculos conocidos con el país.

Según la investigación publicada por The New York Times Magazine, ni siquiera había oído hablar de Esuatini antes de ser enviado allí.

Treinta horas hasta una prisión africana

Mosquera fue trasladado desde Estados Unidos junto a otros cuatro hombres procedentes de Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam.

Tras un viaje de aproximadamente 30 horas en una aeronave militar estadounidense, aterrizó en Esuatini.

El destino final no fue una vivienda, un centro de acogida o un lugar desde donde pudiera reconstruir su vida.

Fue el Complejo Correccional de Matsapha, una instalación de máxima seguridad.

Amnistía Internacional confirmó posteriormente que los cinco hombres habían sido deportados desde Estados Unidos el 16 de julio de 2025 y denunció dificultades para que pudieran mantener comunicaciones confidenciales y presenciales con sus abogados.

Mosquera sigue allí más de un año después.

Una condena cumplida en 1996 y otra cárcel en 2025

El caso plantea una diferencia jurídica esencial.

Mosquera tenía antecedentes penales graves en Estados Unidos y esos antecedentes permitieron que estuviera sujeto a deportación.

Pero la pena por aquellos delitos había sido cumplida décadas antes.

Su encarcelamiento actual en Esuatini no responde a una nueva condena penal dictada por un tribunal de ese país.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado precisamente la legalidad de mantener encarcelados indefinidamente a deportados enviados desde Estados Unidos sin cargos en Esuatini.

Amnistía Internacional ha pedido que las autoridades expliquen públicamente la base jurídica de las detenciones y que los detenidos sean llevados ante un tribunal competente o liberados si no existe fundamento legal para mantenerlos presos.

Una huelga de hambre desde la prisión

En octubre de 2025, Mosquera inició una huelga de hambre para protestar por su situación.

La medida se prolongó durante semanas.

Su abogada y organizaciones de derechos humanos expresaron entonces preocupación por su estado físico.

Amnistía Internacional describió el episodio como una muestra del costo humano de los acuerdos secretos de transferencia de deportados entre países.

La organización denunció además que los abogados habían encontrado obstáculos para mantener comunicaciones confidenciales con sus clientes.

Mosquera terminó abandonando la protesta siguiendo el consejo de su representación legal.

Pero permaneció encarcelado.

Su salud se ha deteriorado

La nueva investigación periodística aporta además un elemento especialmente preocupante.

Mosquera ha desarrollado glaucoma durante su estancia en prisión y ha perdido una parte considerable de la visión en ambos ojos.

Su vida cotidiana transcurre ahora dentro de Matsapha, donde los deportados también han denunciado dificultades relacionadas con la alimentación y los cortes eléctricos.

Algunos dependen del dinero enviado por sus familiares desde el extranjero para adquirir productos adicionales.

A miles de kilómetros permanece la familia que Mosquera construyó durante décadas en Estados Unidos.

Estados Unidos pagó 5,1 millones de dólares a Esuatini

Mosquera no llegó a Esuatini como consecuencia de una decisión aislada.

Su deportación forma parte de una política más amplia.

Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Esuatini mediante el cual el país africano podría recibir hasta 160 deportados a cambio de aproximadamente 5,1 millones de dólares.

La Administración estadounidense sostiene que los acuerdos con terceros países son una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación cuando los países de origen no reciben a sus ciudadanos.

El Departamento de Seguridad Nacional también ha defendido que esos procedimientos respetan las garantías constitucionales estadounidenses y contribuyen a la seguridad nacional.

Las organizaciones de derechos humanos cuestionan esa posición.

Argumentan que trasladar a una persona a un país con el que no tiene ninguna relación y mantenerla posteriormente detenida sin cargos puede vulnerar garantías fundamentales.

El programa no se detuvo con los primeros cinco

Lo sucedido a Mosquera tampoco quedó limitado al grupo enviado en julio de 2025.

Amnistía Internacional informó el pasado 20 de julio que las deportaciones estadounidenses hacia Esuatini continuaron y se ampliaron.

Según la organización, al menos 30 personas habían sido trasladadas al país africano bajo ese acuerdo hasta julio de 2026.

Entre ellas existen ciudadanos de Cuba, Yemen, Vietnam, Laos, Jamaica, Filipinas, Camboya, Tanzania, Sudán y Somalia.

Las autoridades de Esuatini no han proporcionado públicamente información completa sobre la identidad, situación jurídica y condiciones de todos los trasladados.

Otro cubano también terminó en Esuatini

La investigación reciente revela además que Mosquera no es el único cubano atrapado en esa situación.

Entre los detenidos aparece Juan Carlos Font Agüero, otro ciudadano cubano que, según el reportaje, había aceptado ser deportado a México.

Sin embargo, terminó también enviado a Esuatini.

Su caso abre una pregunta adicional sobre cómo se seleccionan los terceros países a los que Estados Unidos envía a personas que no pueden ser deportadas directamente a su nación de origen.

Un limbo a miles de kilómetros de casa

El caso de Roberto Mosquera no puede reducirse a la historia de un inmigrante sin antecedentes.

Los tuvo, fueron graves y condicionaron su situación migratoria durante décadas.

Pero tampoco puede explicarse simplemente diciendo que Estados Unidos deportó a un delincuente.

Mosquera cumplió su condena en 1996 y permaneció durante décadas en Estados Unidos bajo supervisión migratoria. Su situación actual plantea una cuestión distinta: si una orden de deportación permite que una persona termine encarcelada indefinidamente, sin una nueva condena, en un tercer país con el que nunca tuvo relación alguna.

El 16 de julio se cumplió un año desde que llegó a Esuatini.

Su esposa, sus cuatro hijas y la vida que construyó durante décadas quedaron al otro lado del mundo.

Y mientras Estados Unidos amplía los acuerdos para enviar deportados a terceros países, Roberto Mosquera continúa en Matsapha esperando saber algo que, más de un año después, todavía no tiene claro:

cuándo podrá salir de esa prisión y qué país estará dispuesto a recibirlo.