Anna Bensi y su madre serán llevadas a juicio en Cuba tras grabar a un policía que entregaba una citación

La creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi, informó este martes que un tribunal confirmó que ella y su madre, Caridad Silvente, serán llevadas a juicio, acusadas de un supuesto delito contra la intimidad personal y familiar.

El proceso está relacionado con un video grabado el pasado 10 de marzo, cuando un agente del Ministerio del Interior se presentó en el apartamento donde se encontraban ambas mujeres para entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a Caridad Silvente.

Ante la presencia del funcionario y teniendo en cuenta que se trataba de una actuación de la Seguridad del Estado, madre e hija decidieron grabar lo que estaba ocurriendo. El video fue posteriormente publicado en redes sociales.

“Ya el tribunal confirmó que mi mamá y yo seremos llevadas a juicio, acusadas del delito contra la intimidad personal y familiar”, escribió Bensi en X.

La joven explicó que la grabación tuvo como finalidad dejar constancia de lo sucedido y protegerse ante una situación que consideraban delicada.

De acuerdo con su declaración, la acusación parte de una denuncia presentada por el propio policía que acudió a la vivienda y que se considera perjudicado por la grabación y su difusión.

¿Es ilegal grabar a un policía en Cuba?

La acusación abre un debate importante sobre los límites entre el derecho a la intimidad de una persona y el derecho de los ciudadanos a documentar las actuaciones de los funcionarios públicos, especialmente cuando consideran que pueden estar siendo víctimas de una arbitrariedad o necesitan conservar pruebas de lo ocurrido.

El Código Penal cubano no establece una prohibición general de grabar a policías o funcionarios públicos mientras realizan sus funciones.

El artículo 393, utilizado en casos relacionados con la intimidad, la imagen, la voz y la identidad, contempla sanciones cuando una persona obtiene, reproduce o divulga determinados contenidos sin consentimiento con el propósito de afectar la intimidad personal o familiar, la imagen, la voz o la identidad de otra persona.

Ese elemento resulta especialmente relevante en este caso.

No es lo mismo grabar a una persona en su vida privada con la intención de vulnerar su intimidad que documentar a un funcionario que se encuentra realizando una actuación oficial. En el caso denunciado por Bensi, el agente se encontraba en el domicilio precisamente para entregar una citación de la Seguridad del Estado.

Por tanto, el simple hecho de grabarlo no permite concluir automáticamente que se haya cometido un delito. Para determinar una posible responsabilidad penal habría que valorar las circunstancias, la finalidad de la grabación, el contenido divulgado y si efectivamente concurren los elementos establecidos en la legislación.

Además, cuando una persona considera que está siendo objeto de una actuación irregular, intimidatoria o potencialmente ilegal, una grabación puede convertirse en un elemento para documentar los hechos y posteriormente formular una denuncia o ejercer su defensa.

Organizaciones de asesoría jurídica independiente como Cubalex han defendido que documentar la actuación de agentes estatales durante el ejercicio de sus funciones no constituye, por sí solo, una invasión de su vida privada y puede servir como mecanismo de protección para los ciudadanos.

Un caso que llegó a ser archivado

El procedimiento contra Bensi y su madre ha atravesado varias etapas.

Tras las primeras actuaciones contra ambas mujeres, el expediente llegó a ser archivado definitivamente por la Fiscalía Provincial de La Habana. Uno de los aspectos jurídicos discutidos era la forma en que debía iniciarse el procedimiento por este tipo de delito.

El Código Penal establece que determinados delitos relacionados con la intimidad requieren una querella de la persona considerada ofendida para poder ser perseguidos.

Posteriormente, el caso volvió a avanzar después de que el policía involucrado formalizara la acción correspondiente.

Ahora, de acuerdo con la información divulgada por Anna Bensi, el tribunal ha confirmado que tanto ella como Caridad Silvente tendrán que comparecer ante la justicia.

Hasta el momento, Bensi no ha informado públicamente de la fecha fijada para el juicio ni de las posibles sanciones solicitadas contra ella y su madre.

De una citación de la Seguridad del Estado a un proceso penal

Lo ocurrido transforma una situación inicialmente vinculada a la entrega de una citación en un proceso penal contra las dos mujeres que decidieron documentarla.

La cuestión que tendrá que determinar el tribunal no debería limitarse a establecer si el policía fue grabado sin su consentimiento. Será necesario valorar si la conducta atribuida a Bensi y Silvente reúne realmente los requisitos establecidos en el Código Penal para considerar que existió un ataque contra la intimidad personal y familiar.

Bensi mantiene que la intención fue completamente distinta: grabar lo que estaba sucediendo dentro de su vivienda como medida de seguridad ante una actuación vinculada a la Seguridad del Estado.

El juicio determinará ahora si esa decisión de documentar y hacer público el encuentro puede ser considerada un delito bajo la legislación cubana.