El Gobierno español adjudica 1,6 millones de euros a una empresa estatal cubana para apoyar los trámites de la Ley de Nietos

El Gobierno de España ha adjudicado un total de 1,6 millones de euros en contratos al Grupo Empresarial Palco, una empresa subordinada al Consejo de Ministros de Cuba, para prestar apoyo administrativo al Consulado General de España en La Habana en la tramitación de solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la “Ley de Nietos”. La información fue revelada por el diario ABC, que señala que la empresa estatal cubana ha resultado beneficiaria de tres contratos relacionados con este servicio.  

La contratación responde al enorme volumen de expedientes acumulados en el Consulado español en La Habana, uno de los que más solicitudes de nacionalidad recibe en todo el mundo. Miles de descendientes de españoles en Cuba han presentado solicitudes desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, generando un importante retraso en la tramitación de los expedientes.  

Según las explicaciones ofrecidas anteriormente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la legislación cubana impide a las embajadas y consulados contratar directamente a personal local, obligándolos a hacerlo a través de empresas estatales autorizadas por el propio Estado cubano. En este caso, la entidad designada es el Grupo Palco, encargado de suministrar el personal administrativo que trabaja en apoyo al Consulado español.  

No obstante, la adjudicación ha generado críticas por parte de diversos sectores políticos y de organizaciones vinculadas a los descendientes de españoles en Cuba. Sus detractores sostienen que estos contratos implican la transferencia de fondos públicos españoles a una empresa controlada por el Estado cubano, mientras continúan las quejas por la lentitud de los trámites y las dificultades que enfrentan miles de solicitantes para obtener respuesta a sus expedientes.  

La investigación de ABC señala que los tres contratos adjudicados elevan el importe total hasta 1,6 millones de euros, ampliando la colaboración con la empresa estatal cubana para reforzar la atención administrativa en La Habana.  

La polémica se produce en un contexto en el que la Ley de Memoria Democrática ha permitido que cientos de miles de descendientes de españoles en Cuba inicien el proceso para recuperar la nacionalidad española, convirtiendo al Consulado de La Habana en uno de los principales centros de tramitación de este procedimiento a nivel internacional. Mientras el Ejecutivo defiende que la contratación responde a una obligación derivada de la normativa cubana y a la necesidad de agilizar los expedientes, sus críticos cuestionan que recursos públicos españoles terminen beneficiando a una empresa dependiente del aparato estatal cubano.