Fiscalía cubana llevará a juicio a ocho integrantes de Cuba Primero el próximo 30 de junio

El próximo 30 de junio se celebrará en Las Tunas el juicio contra ocho cubanos acusados por la Fiscalía de presuntos delitos contra la Seguridad del Estado debido a su vinculación con el movimiento opositor Cuba Primero.

De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Las Tunas, al que tuvo acceso ClickCuba, los acusados son Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Guillermo Carralero López, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso, quienes fueron detenidos entre marzo y abril de 2024 y permanecieron bajo prisión provisional durante el proceso.

La acusación sostiene que Javier Reyes Peña estableció contacto, a través de Facebook, con el movimiento Cuba Primero, dirigido por el empresario cubano Armando Labrador, residente en Miami, y que posteriormente incorporó al resto de los procesados. Según la Fiscalía, algunos de los acusados recibieron materiales identificativos de la organización y pagos de entre 1.000 y 2.000 pesos cubanos por publicar videos y expresar apoyo al movimiento en redes sociales.  

Entre las pruebas anunciadas por el Ministerio Público figuran peritajes informáticos sobre perfiles y publicaciones en redes sociales, registros telefónicos de ETECSA, teléfonos móviles ocupados, discos DVD, documentos impresos, informes institucionales sobre Cuba Primero, declaraciones testificales y otros elementos incorporados al expediente.

En la documentación también consta que la Fiscalía solicita ocho años de privación de libertad para Adisbel Mendoza Barroso, además del decomiso de su teléfono móvil y las sanciones accesorias previstas en el Código Penal. Asimismo, uno de los documentos acredita que Guillermo Carralero López fue excarcelado bajo una fianza de 50.000 pesos cubanos, aunque continúa sometido al proceso penal.

La pertenencia a un movimiento político

La acusación ha despertado preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, al considerar que el proceso constituye un nuevo caso de criminalización de la oposición política en Cuba.

En las democracias, la pertenencia a un movimiento político u organización opositora está protegida por derechos fundamentales como la libertad de asociación y la libertad de expresión y, por sí sola, no constituye un delito. Sin embargo, las autoridades cubanas suelen procesar a opositores bajo figuras penales relacionadas con la Seguridad del Estado cuando consideran que sus actividades representan una amenaza para el orden constitucional.

El movimiento Cuba Primero, liderado por Armando Labrador desde Miami, fue incluido por el régimen cubano en la Lista Nacional de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, una relación oficial creada por el Ministerio del Interior y actualizada en julio de 2025, en la que también figuran otros opositores, periodistas, activistas y organizaciones del exilio. Las autoridades sostienen que los incluidos mantienen vínculos con actividades terroristas, mientras que los afectados rechazan esas acusaciones y denuncian que la lista se utiliza para criminalizar la disidencia política y respaldar procesos penales contra opositores cubanos.  

El juicio está previsto para el próximo 30 de junio y será seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y miembros del exilio cubano debido a las implicaciones que puede tener para el ejercicio de las libertades políticas y de asociación en la isla.