Javier Larrondo denuncia ante el Parlamento de Canadá: “Los presos políticos están siendo destruidos en las cárceles cubanas”
El activista y presidente de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, compareció este martes ante el Subcomité de Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes de Canadá para denunciar lo que calificó como un sistema de represión estructural en Cuba, marcado por miles de presos políticos, torturas, trabajo forzado y graves violaciones de los derechos humanos.
Durante su intervención, Larrondo presentó cifras recopiladas por Prisoners Defenders y otros organismos internacionales. Según expuso, la isla cuenta con alrededor de 90.000 personas encarceladas y más de 137.000 condenadas penalmente. La organización ha documentado y verificado 1.281 presos políticos, entre ellos 34 menores de edad condenados, dos de los cuales permanecen recluidos en prisiones de máxima severidad junto a adultos y habrían sufrido agresiones.
El activista denunció además la situación de 147 mujeres encarceladas por motivos políticos, muchas de ellas madres separadas de sus hijos. Entre los casos mencionados destacó el de María Cristina Garrido, poeta y opositora condenada tras las protestas antigubernamentales.
Cuba, líder mundial en detenciones arbitrarias
Larrondo aseguró que, desde 2019, Cuba ocupa el primer lugar mundial en víctimas de detención arbitraria según las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. También afirmó que la isla se sitúa en el cuarto puesto mundial en acciones urgentes relacionadas con desapariciones forzadas.
Según explicó, diversos mecanismos de Naciones Unidas han condenado reiteradamente la falta de independencia judicial en el país. Entre las irregularidades señaladas mencionó la subordinación de fiscales, abogados y tribunales al poder político, la limitación de pruebas de descargo en los procesos judiciales y la utilización de delitos ambiguos como sedición, desacato, desórdenes públicos o propaganda enemiga para perseguir a opositores.
Asimismo, denunció que unas 11.000 personas cumplen condenas bajo figuras jurídicas relacionadas con la supuesta “peligrosidad social”, sin haber cometido delitos concretos.
Hambre, enfermedades y torturas en las prisiones
El presidente de Prisoners Defenders afirmó que 449 presos políticos padecen graves patologías derivadas del hambre, los malos tratos y la falta de atención médica. Otros 52 reclusos con trastornos mentales severos tampoco recibirían tratamiento adecuado.
Durante su exposición, sostuvo que un estudio reciente de la organización determinó que las raciones alimentarias en muchas cárceles cubanas no superan las 300 kilocalorías diarias, muy por debajo de las necesidades mínimas de supervivencia.
Como ejemplos citó los casos de Alexander Díaz y Carlos Alberto MacDonald, quienes habrían abandonado prisión en condiciones de extrema desnutrición y con graves problemas de salud.
Larrondo recordó además que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas examinó cerca de 200 casos documentados por Prisoners Defenders y concluyó que todos los afectados habían sufrido torturas. Según los datos presentados, el 80 % de las víctimas padeció cinco o más formas distintas de maltrato.
Entre los casos mencionados figura el de Jonathan Torres Farrat, quien habría sufrido quince modalidades diferentes de tortura tras su arresto.
Denuncias sobre trabajo forzado para exportación
Otro de los aspectos abordados durante la audiencia fue el supuesto uso de trabajo penitenciario para producir bienes destinados a mercados internacionales.
Larrondo afirmó que alrededor de 60.000 presos participan en la fabricación de productos de exportación, entre ellos carbón vegetal comercializado en Canadá y Europa y puros de las marcas asociadas a Habanos S.A.. Según denunció, los reclusos trabajarían más de 14 horas diarias, incluidos fines de semana, sin recibir una remuneración real.
El legado represivo tras el 11J
El activista también recordó las protestas nacionales del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando miles de cubanos salieron a las calles reclamando libertad y cambios democráticos.
Según indicó, la respuesta estatal derivó en miles de detenciones y procesos judiciales. Citó cifras atribuidas a Naciones Unidas que hablan de hasta 8.000 arrestos y más de 2.500 procesamientos tras aquellas manifestaciones.
De acuerdo con los datos expuestos ante el Parlamento canadiense, desde las protestas de 2021 unas 2.076 personas han pasado a formar parte de los registros de presos políticos documentados por Prisoners Defenders, de las cuales 141 fueron incorporadas desde enero de este año.
Llamado a la acción internacional
En la parte final de su intervención, Javier Larrondo pidió a Canadá asumir un papel más activo frente a la situación cubana y ejercer el principio internacional de la Responsabilidad de Proteger.
El presidente de Prisoners Defenders sostuvo que los ciudadanos cubanos carecen de mecanismos efectivos para enfrentar la represión estatal y afirmó que la comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el régimen cubano en coordinación con Estados Unidos y otros países democráticos para favorecer una transición hacia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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