“Me condenaron con pruebas manipuladas”: las dudas alrededor del caso de Felipe Ariel Hernández Choy en un tribunal militar cubano

Felipe Ariel Hernández Choy lleva años denunciando que fue condenado injustamente en una causa instruida por la Fiscalía Militar en Villa Clara. Su expediente judicial, al que ClickCuba tuvo acceso, revela contradicciones, cuestionamientos a las pruebas utilizadas y denuncias sobre presunta manipulación del proceso investigativo.  

Hernández Choy fue condenado en 2021 por su supuesta participación en un robo con violencia ocurrido en la Empresa Agropecuaria Militar Motembo, en Corralillo, Villa Clara. La sentencia fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo Popular.  

Sin embargo, tanto en el recurso de casación presentado por su abogado como en documentos y mensajes enviados posteriormente, aparecen elementos que ponen en duda la solidez de la investigación.

Uno de los puntos centrales del caso gira alrededor de una “trampa química”, una sustancia fluorescente utilizada en investigaciones operativas para detectar contacto con objetos marcados previamente. Según Hernández Choy, el 13 de noviembre de 2020 le realizaron una de esas pruebas y el resultado fue negativo, razón por la cual inicialmente fue liberado.

“Esa prueba es utilizada para descartar personas inocentes y, en la actualidad, las instituciones militares se niegan a entregar el resultado porque lo ubica fuera de la escena del delito”, aseguró.

Diez días después, según su versión, fue sometido a una rueda de identificación ante la presunta víctima del caso, una persona con discapacidad intelectual, condición que —asegura— habría sido ocultada durante todo el proceso judicial.

La propia sentencia reconoce que restos del químico T-2F fueron encontrados en otros acusados, pero no en Hernández Choy.  

El recurso de casación presentado por su abogado también cuestiona esa contradicción. La defensa argumentó que, según la versión oficial, Hernández Choy habría terminado manipulando los productos robados, por lo que necesariamente debieron aparecer rastros químicos en él o en el vehículo ocupado, algo que nunca ocurrió.

Otro de los elementos más controvertidos del caso fueron las imágenes de cámaras de vigilancia. Hernández Choy sostiene que existe evidencia audiovisual que lo ubica en su vivienda la noche de los hechos junto a un médico especialista que declaró como testigo en el juicio.

Según su testimonio, las autoridades rechazaron esas imágenes alegando que podían ser alteradas en fecha y hora, aunque —asegura— nunca permitieron realizar una verificación técnica independiente.

En el recurso presentado ante el Tribunal Supremo Popular, la defensa denunció además que las pruebas favorables al acusado fueron examinadas “con tanto rigor que no tenían en lo absoluto la más mínima posibilidad de éxito”, mientras que los elementos incriminatorios fueron aceptados pese a múltiples contradicciones.  

La casación también cuestionó la credibilidad del principal testigo del caso, un custodio que afirmó haber reconocido supuestos detalles físicos, pero no su vestimenta ni otras características esenciales para una identificación fiable, durante un asalto ocurrido de noche, en un lugar que la propia sentencia describe como oscuro y con escasa iluminación.  

Además, la defensa sostiene que la empresa afectada realizó inicialmente una denuncia contra personas desconocidas, sin identificar directamente a ninguno de los posteriormente sancionados.

Según la defensa, el testigo habría estado golpeado, amarrado, bajo amenaza con un cuchillo y obligado a mirar contra una pared, condiciones que harían extremadamente difícil identificar con precisión a los presuntos implicados.

En mensajes enviados a ClickCuba, Hernández Choy asegura además que otros acusados fueron presionados para incriminarlo.

“Les prometieron rebajas de sanción a cambio de mencionarlo en sus declaraciones”, denunció.

También denunció presuntas amenazas e intimidaciones contra familiares de los involucrados, incluyendo la intimidación con la detención de una menor de solo 15 años de edad y el internamiento de su esposa durante dieciséis días.

A pesar de todos esos cuestionamientos, el Tribunal Supremo Popular rechazó el recurso de casación y confirmó la condena.  

El caso vuelve a poner bajo escrutinio el funcionamiento de la justicia militar en Cuba y las denuncias recurrentes sobre procesos opacos, uso de pruebas cuestionables y falta de garantías para los acusados dentro de investigaciones vinculadas a instituciones de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.