La oposición denuncia que no puede construirse una Cuba democrática con jueces ligados a la represión

El director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxys Cires Dib, afirmó este lunes en Madrid que “es inadmisible iniciar una nueva república con jueces que hayan participado en la represión”, durante el coloquio “La reconquista de la independencia judicial en Cuba”, un evento centrado en el futuro del sistema judicial cubano en un eventual proceso de transición democrática.  

El encuentro reunió a ex juezas, ex fiscales, abogados y académicos que denunciaron la subordinación de los tribunales cubanos al poder político y a los órganos represivos del régimen. Según los testimonios expuestos, muchas decisiones judiciales en Cuba responden directamente a orientaciones del Partido Comunista y del Ministerio del Interior, especialmente en causas consideradas “sensibles” o vinculadas a opositores y activistas.  

Durante su intervención, Cires defendió la necesidad de realizar una “revisión y auditoría profunda del poder judicial”, que incluya la sustitución de funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y la selección de jueces ajenos a la represión política. También propuso convocar a juristas cubanos residentes en el extranjero para contribuir a la reconstrucción institucional del país.  

El coloquio sirvió además para presentar el informe “La ausencia de independencia judicial en Cuba: Elementos formales y prácticos”, elaborado por la ex jueza cubana y jurista Maylín Fernández Suris. El documento concluye que la falta de independencia judicial en la isla no es un problema aislado, sino parte de un diseño institucional que coloca a los tribunales bajo control político e ideológico.  

Entre los elementos denunciados figuran mecanismos de control de la Seguridad del Estado sobre aspirantes a cargos judiciales, instrucciones directas sobre cómo fallar determinados procesos y represalias contra abogados y jueces que no se alinean con los intereses del régimen. Ex juezas participantes en el evento afirmaron haber recibido órdenes vinculadas a causas políticas y denunciaron vigilancia constante sobre sus vidas personales y profesionales.  

Los participantes coincidieron en que la independencia judicial será una condición indispensable para cualquier proceso democrático futuro en Cuba. Según se expuso en el evento, sin tribunales capaces de limitar el poder político no puede existir una protección real de los derechos fundamentales ni garantías para los ciudadanos.  

Cires también advirtió sobre los desafíos que implicaría una transición, señalando que sería necesario evitar tanto el colapso total del sistema judicial como la sobrecarga de procesos legales en una etapa de reorganización institucional. Como posible solución, propuso la creación de una comisión integrada por juristas y representantes de la sociedad civil encargada de evaluar a los jueces que aspiren a continuar ejerciendo en una futura Cuba democrática.