Médico cubano denuncia amenazas, represalias laborales y restricción de salida tras presión de la Seguridad del Estado

El doctor Amilcar Andrés Bravo hizo pública una denuncia en su perfil de Facebook en la que relata un proceso de interrogatorio, amenazas contra su familia y posteriores represalias administrativas, que incluyeron la pérdida de su empleo y la imposición de una medida de restricción de salida del país.

Según su testimonio, los hechos se remontan al pasado 10 de marzo, cuando fue abordado sin previo aviso por dos oficiales de la Seguridad del Estado en su centro laboral. El médico, padre de dos jóvenes vinculados al proyecto “Fuera de la Caja Cuba”, asegura que los agentes lo citaron en una oficina sin la presencia de la dirección y le mostraron sus credenciales antes de iniciar el interrogatorio.

Durante la conversación, los oficiales habrían amenazado con encarcelar a sus hijos si continuaban publicando contenidos en redes sociales. Bravo respondió que no existía motivo legal para ello y defendió que los mensajes difundidos por los jóvenes eran de carácter educativo y amparados en la libertad de expresión. Además, dejó claro su respaldo a las opiniones de sus hijos y a su labor.

El médico también relató que los agentes intentaron desacreditar el entorno de relaciones de los jóvenes, mencionando nombres como Camila Acosta y Anna Sofía Benítez Silvente, entre otros, a quienes calificaron como “mala influencia”. Bravo rechazó estos señalamientos y cuestionó lo que considera una estrategia sistemática de división social.

En su publicación, el doctor describe además su evolución ideológica, afirmando que sus experiencias profesionales en misiones en el extranjero lo llevaron a cuestionar el modelo cubano. Expone que ese proceso personal fue determinante para adoptar una postura crítica frente al sistema político vigente en la isla.

Tras el interrogatorio, Bravo decidió comunicar la situación a la dirección del centro donde trabajaba, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC), y puso su cargo a disposición para evitar presiones institucionales. Según relata, días después recibió confirmación de que existían presiones “desde instancias superiores”, lo que derivó en su salida del puesto.

Posteriormente, al acudir a trámites de identificación, confirmó que había sido “regulado”, una medida administrativa que impide salir del país. El médico asegura que esta acción fue utilizada además como elemento de intimidación contra otros jóvenes activistas, presentando su caso como ejemplo.

En su denuncia, también menciona otros casos que, según afirma, reflejan patrones similares de actuación, incluyendo medidas restrictivas contra activistas y profesionales como el cirujano Yonardo Fonseca y situaciones vinculadas a familiares de opositores.

Bravo califica lo ocurrido como un “acto de cobardía” y denuncia un uso arbitrario del poder para condicionar la vida de las personas por motivos ideológicos. A pesar de las consecuencias, afirma que mantiene su postura y que no siente haber sido derrotado por las medidas en su contra.

El testimonio concluye con una reflexión más amplia sobre la situación del país, el papel de los jóvenes y la necesidad de cambios estructurales, señalando que, a su juicio, existe una creciente conciencia dentro de la sociedad cubana sobre la necesidad de transformación.

El médico anunció que continuará ampliando su denuncia en futuras publicaciones.