Funcionario cubano defiende nacionalizaciones de los años 60 y responsabiliza a EE. UU. por falta de compensaciones

El diplomático cubano Carlos R. Fernández de Cossío volvió a colocar en el centro del debate internacional el tema de las nacionalizaciones realizadas en Cuba en la década de 1960, al asegurar que estas fueron “absolutamente legítimas” y se ajustaron tanto a la Constitución de 1940 como al Derecho Internacional.

En una publicación reciente en redes sociales, el funcionario argumentó que el proceso incluyó mecanismos de compensación acordes a las prácticas internacionales de la época, y subrayó que varios países —entre ellos Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suiza— alcanzaron acuerdos con el gobierno cubano y recibieron indemnizaciones.

Según su versión, la ausencia de compensación a propietarios estadounidenses no se debió a una negativa de Cuba, sino a la postura adoptada por Washington. Fernández de Cossío sostiene que Estados Unidos rechazó las propuestas de negociación y, en paralelo, promovía acciones para derrocar al gobierno revolucionario, en referencia a hechos como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

El diplomático afirmó que, incluso después de ese episodio, La Habana habría insistido en buscar una solución negociada, sin obtener respuesta. “Si los antiguos dueños estadounidenses no fueron compensados, fue porque su gobierno jugó política y hostilmente con el tema”, señaló.

En su mensaje, también responsabilizó a Estados Unidos por décadas de daños económicos y sociales a la isla, mencionando acciones como el embargo económico, el sabotaje y otras formas de presión. Desde su perspectiva, el pueblo cubano sería quien merece compensación por los efectos acumulados de estas políticas.

Fernández de Cossío concluyó asegurando que Cuba mantiene su disposición al diálogo sobre reclamaciones mutuas, siempre bajo el principio de negociación bilateral y con ambas partes presentando sus demandas sobre la mesa.

Sus declaraciones reavivan un tema histórico que sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las relaciones entre La Habana y Washington, especialmente en un contexto donde las reclamaciones por propiedades nacionalizadas continúan sin resolverse tras más de seis décadas.