Tras ola de críticas, el régimen destituye a la ministra de Trabajo por sus polémicas declaraciones sobre la pobreza en Cuba

En un giro predecible pero tardío, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba aceptó la solicitud de “liberación del cargo” de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, luego de una fuerte ola de críticas desatada por sus recientes declaraciones, ampliamente consideradas como un insulto a la realidad del pueblo cubano.

Aunque el régimen intenta presentar la salida de Feitó como una decisión técnica basada en “análisis” y un reconocimiento de errores por parte de la ministra, lo cierto es que la medida solo fue tomada después del repudio generalizado que generaron sus palabras. En una intervención ante comisiones del Poder Popular, Feitó se refirió con desprecio a personas en situación de calle y pobreza, afirmando que no puede haber un Estado que “lo dé todo” y que hay quienes adoptan “conductas de ambulantes como modo de vida”.

Lo más llamativo fue que durante su discurso ningún diputado la interpeló. El silencio del Parlamento dejó claro que sus palabras no fueron un exabrupto aislado, sino una expresión permitida —y posiblemente compartida— por parte de la élite gobernante.

La reacción popular, sin embargo, fue otra. Las redes sociales estallaron en indignación, con ciudadanos denunciando la falta de empatía de la ministra, recordando que en Cuba no hay pobreza por “falta de resiliencia”, como ella insinuó, sino por un sistema que ha fracasado en garantizar condiciones de vida dignas a su pueblo.

La destitución, que el régimen intenta disfrazar como una “solicitud voluntaria” de renuncia, es una maniobra de control de daños que busca calmar el malestar social sin asumir ninguna responsabilidad real. Feitó Cabrera es convertida ahora en chivo expiatorio de un sistema donde las decisiones políticas se toman de espaldas al pueblo, y donde se criminaliza la miseria generada por décadas de centralismo, corrupción e ineficiencia.

Con su salida, el régimen pretende cerrar el capítulo sin abordar la raíz del problema: una estructura de poder que desprecia al ciudadano, que niega los derechos fundamentales y que, como ha quedado demostrado, solo responde cuando se ve presionado por la indignación pública.