Funcionarios del régimen implicados en robo de ganado en Viñales: la finca El Infierno bajo ataque

En un nuevo acto de abuso e impunidad institucional, al menos cuatro funcionarios del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) han sido identificados como responsables directos del robo de animales en la finca El Infierno, ubicada en Viñales y perteneciente a la familia Urquiola. Las imágenes divulgadas por la denunciante Omara Ruiz Urquiola exponen sin lugar a dudas a los implicados: José Luis Hernández , con camisa verde; Pedro Arteaga , quien funge como “comprador”; Jorge Miguel Martínez Hernández, Delegado del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), en Viñales, con camisa de cuadros; y Carlos Fleitas, con pulóver blanco, jefe del Registro Pecuario.

Estos individuos, actuando bajo órdenes de la Seguridad del Estado según declaraciones de la familia afectada, ingresaron a la finca para ejecutar un operativo que lejos de responder a criterios legales o administrativos, evidencia una clara represalia política. El objetivo fue arrebatarle a Isabel Urquiola los animales que ha criado con esfuerzo, justo en una etapa de su vida marcada por la ausencia de sus hijos, exiliados y separados forzosamente de ella por el mismo régimen que ahora la despoja también de su sustento.

Las imágenes muestran a los funcionarios en distintos momentos del operativo. Manuel Álvarez y Pedro Arteaga aparecen en la escena rural donde, con actitud despreocupada, se disponen a ejecutar lo que para muchos campesinos no es más que un crimen de Estado. Jorge Miguel Martínez y Carlos Fleitas, por su parte, aparecen en contextos que reflejan su jerarquía y vinculación directa con el MINAGRI y la Seguridad del Estado.

Este robo no es un hecho aislado. Es parte de una política sistemática de castigo contra quienes se atreven a disentir, contra las familias que resisten desde sus espacios y que, como los Urquiola, han denunciado incansablemente la represión y las injusticias en Cuba. “Todos van a responder, legal y socialmente, por este crimen. Hay delitos que no prescriben”, escribió Omara Ruiz Urquiola, marcando así el inicio de una denuncia pública que exige justicia.

En una Cuba donde la ley no protege al ciudadano común, es el pueblo quien debe alzar la voz y defender lo que le pertenece.