Madre cubana denuncia fabricación de pruebas y manipulación judicial en el caso de su hijo preso

Esperanza de la Caridad Martínez Hernández, madre del joven Roberto Llorente Martínez, ha dirigido una carta a las autoridades cubanas denunciando irregularidades graves en el proceso judicial que condenó a su hijo por delitos que, según afirma, jamás cometió. La mujer expone en su misiva cómo desde la etapa investigativa hasta el juicio oral se vulneraron principios elementales de justicia, y exige la revisión del caso y la inmediata liberación de su hijo.

Martínez asegura que durante la fase preparatoria del expediente D-391/22 y el juicio correspondiente a la causa 139/2024 en el Tribunal Provincial de La Habana, se violaron artículos clave de la Ley del Proceso Penal, entre ellos el Artículo 5 de la Ley 143/21, que estipula que ante la duda debe primar el beneficio para el acusado.

En el juicio, según denuncia, los testimonios ofrecidos fueron contradictorios y manipulados. Señala que la testigo principal, Sonia Mónica Amaya, nunca declaró que hubiese sido víctima de un robo con arma blanca, mientras que otros testigos presenciales afirmaron que no existió tal violencia ni hubo uso de arma alguna.

De forma particularmente grave, la madre acusa a la Seguridad del Estado de haber introducido pruebas fabricadas, como grabaciones manipuladas sin orden judicial, y de haber intimidado a testigos para que sostuvieran una versión de los hechos contraria a la realidad. Documentos claves, como actas de ocupación y de reconocimiento de objetos, fueron introducidos al expediente sin el conocimiento ni la presencia del acusado ni su defensa, en violación directa del derecho constitucional a la defensa.

Uno de los testimonios más reveladores, según la carta, proviene del supuesto “afectado”, Julio César Rodríguez Bartolo, quien firmó una declaración ante la Fiscalía en la que reconoce que la denuncia fue falsa, motivada por un conflicto personal con otra persona, y que Roberto nunca lo agredió ni le robó.

“Si no existe víctima, no puede haber delito”, afirma con contundencia Martínez Hernández, apoyándose en los artículos 139 y 140 del Código Penal para pedir la anulación del fallo.

La madre concluye su carta solicitando justicia: la revisión del proceso y la liberación inmediata de su hijo, al que considera víctima de un proceso viciado desde su inicio, producto de una confabulación y de arbitrariedades por parte de las autoridades.

En Cuba, donde la independencia judicial es prácticamente inexistente y los procesos penales suelen ser utilizados como herramientas de control político o social, casos como el de Roberto Llorente Martínez no son aislados. La denuncia de Esperanza de la Caridad Martínez pone una vez más en evidencia las grietas profundas de un sistema judicial subordinado al poder político.