Régimen cubano busca encarcelar hasta por 10 años a ciudadanos por intentar participar en la vida política del país

El caso de Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García revela cómo el régimen cubano utiliza su sistema judicial para castigar el pensamiento independiente y criminalizar la organización ciudadana.

La Fiscalía cubana ha solicitado condenas severas contra tres ciudadanos acusados de integrarse a organizaciones opositoras pacíficas y promover la participación política desde la sociedad civil. Los acusados —Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García— enfrentan penas de hasta 10 años de privación de libertad, no por actos violentos o criminales, sino por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y participación política.

Daniel Alfaro Frías: 10 años por pensar diferente

La Fiscalía ha pedido diez años de cárcel para Daniel Alfaro Frías, coordinador del movimiento Cuba Primero en la provincia de Artemisa. Se le acusa de organizar reuniones pacíficas, distribuir octavillas y mantener vínculos con organizaciones del exilio cubano. Entre las pruebas que presenta el Ministerio Público están camisetas negras con frases políticas, documentos impresos, y su celular, donde supuestamente se almacenaban actas de reuniones. Ninguna de estas acciones implicó violencia ni atentado contra bienes o personas, pero el régimen las considera “propaganda enemiga” y “asociación ilícita”.

Alfaro ya había sido sancionado previamente por el delito de “desacato”, lo cual es presentado como agravante en esta nueva causa.

José Antonio Pompa López: 8 años por asociarse

El activista José Antonio Pompa López enfrenta una petición fiscal de ocho años de prisión. Según la acusación, Pompa es coordinador del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) en Artemisa y alojó en su casa una reunión con otros miembros de la oposición. También se le acusa de haber distribuido octavillas con críticas al régimen durante una madrugada de marzo, aprovechando un apagón. Su teléfono celular, ocupado por la Seguridad del Estado, contenía imágenes de las octavillas y mensajes con otros activistas, lo cual la Fiscalía considera prueba suficiente de sus intenciones “subversivas”.

Como agravante, se alega su “relación sostenida con ciudadanos cubanos en el exterior”, un argumento habitual en las causas políticas del régimen.

Lázaro Mendoza García: 6 años por colaborar

Por último, la Fiscalía pide seis años de privación de libertad para Lázaro Mendoza García, acusado de colaborar con los dos anteriores en la preparación de materiales impresos y en la distribución de propaganda. Se le vincula con el movimiento FACOZT y se afirma que participó en reuniones donde se discutieron “acciones para desacreditar la revolución cubana”. No se le imputa liderazgo ni organización, sino simplemente ser parte de una red ciudadana de activismo político.

Mendoza también tiene antecedentes por el delito de “desacato”, en una causa anterior relacionada con su participación en protestas pacíficas en San Antonio de los Baños.

Una muestra más del desprecio del régimen por los derechos humanos

Este proceso penal no solo atenta contra tres personas, sino que lanza un mensaje de terror al conjunto de la sociedad cubana: organizarse fuera de los márgenes del Estado y pensar diferente es delito. Las pruebas aportadas por la Fiscalía —camisetas, teléfonos, octavillas y documentos impresos— son las herramientas básicas de cualquier sociedad civil activa. Pero en Cuba, bajo un régimen que no tolera el pluralismo político ni la disidencia, estas acciones son perseguidas como crímenes.

La criminalización de estos ciudadanos es una violación flagrante de los derechos reconocidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Cuba dice respetar. En vez de garantizar el derecho a la participación política, el Estado cubano recurre al encarcelamiento como mecanismo de control social y político.

Este juicio no se trata de justicia, sino de castigo ejemplarizante. Daniel, José Antonio y Lázaro no están acusados de hacer daño, sino de querer construir una Cuba diferente desde la ciudadanía. Mientras no se respete el derecho de los cubanos a organizarse, expresarse y participar políticamente sin miedo a la cárcel, la dictadura seguirá bloqueando el camino hacia una Cuba libre y democrática.