Citaciones policiales a joven y su esposa en La Habana reavivan denuncias sobre represión por motivos políticos

La emisión de citaciones oficiales por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) contra un joven y su esposa en La Habana ha vuelto a encender las alarmas sobre la falta de garantías para la libre expresión en Cuba.

Según documentos difundidos en redes sociales por David Espinosa, tanto él como su esposa, Laidy García González, han sido convocados a comparecer ante autoridades policiales bajo el argumento de una “entrevista sobre posible ilegalidad”. Las citaciones, con fecha del 12 de abril de 2026, les ordenan presentarse en la estación de la PNR en Plaza a las 14:00 horas del día 13, bajo advertencia de enfrentar sanciones por el delito de desobediencia, recogido en el artículo 189.1 del Código Penal vigente, en caso de no asistir.

Ambos documentos, emitidos por el Ministerio del Interior, siguen el formato oficial y están firmados por el primer teniente David Montero Brooks, lo que confirma su carácter institucional.

El caso ha generado preocupación entre activistas y usuarios en redes sociales, quienes denuncian un patrón de citaciones, amenazas legales y presión psicológica contra ciudadanos que expresan opiniones críticas. En su publicación, Espinosa pidió oraciones por su situación, acompañando su mensaje con la etiqueta #DiosEstaAlControl.

Este episodio ocurre en un contexto particularmente sensible, luego de que el gobernante designado Miguel Díaz-Canel afirmara recientemente que en Cuba no existen presos políticos y que los ciudadanos pueden manifestarse sin temor a represalias. Sin embargo, hechos como este refuerzan las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la existencia de mecanismos de control que limitan el ejercicio de libertades fundamentales.

Además, Espinosa ha expresado públicamente su solidaridad con Ana Sofía Benítez, otra joven que, según denuncias, se encuentra bajo reclusión domiciliaria por manifestar sus opiniones en redes sociales, lo que sugiere un patrón de actuación contra quienes se pronuncian de forma crítica.

El uso de términos ambiguos como “posible ilegalidad” en las citaciones, así como la amenaza de sanciones penales por “desobediencia”, ha sido señalado como una práctica recurrente que permite a las autoridades actuar sin precisar cargos concretos, dejando a los ciudadanos en una situación de indefensión jurídica.

En un país donde las declaraciones oficiales insisten en la existencia de libertades, casos como el de David Espinosa y su esposa vuelven a evidenciar la distancia entre el discurso institucional y la realidad que enfrentan quienes deciden alzar la voz.