Excarcelan a Ienelis Delgado Cue, conocida como “Mambisa Agramontina”, tras meses en prisión provisional

La joven cubana Ienelis Delgado Cue, conocida en redes sociales como “Mambisa Agramontina”, ha sido excarcelada tras permanecer casi un año en prisión provisional en Camagüey, según información confirmada por fuentes cercanas a su caso.

Delgado Cue, de 37 años, fue detenida el 24 de abril de 2025, en un operativo realizado en su vivienda, donde —de acuerdo con denuncias— agentes de la Seguridad del Estado efectuaron un registro y la arrestaron delante de sus hijos menores de edad. Desde entonces, permanecía recluida en la prisión Kilo 5, en Camagüey, sin que se hicieran públicos cargos concretos en su contra.

Su caso había generado preocupación entre activistas y organizaciones independientes, debido a la falta de transparencia en el proceso, así como a las condiciones de su detención. La ausencia de información oficial sobre el supuesto delito y la prolongación de la prisión provisional fueron señaladas como elementos que evidencian el uso discrecional del sistema penal.

Hasta el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre las condiciones de su excarcelación, ni si esta implica el cierre del proceso judicial o la imposición de medidas cautelares. Tampoco se ha informado si deberá enfrentar un eventual juicio.

La liberación ocurre en medio de un escenario marcado por el aumento de detenciones arbitrarias y procesos penales contra ciudadanos que expresan descontento con la situación del país, especialmente en un contexto de crisis económica, apagones prolongados y protestas espontáneas en distintas provincias.

Diversas plataformas de la sociedad civil han insistido en que casos como el de Delgado Cue reflejan un patrón sistemático de criminalización del disenso, donde la prisión provisional se utiliza como mecanismo de presión, incluso sin acusaciones claras.

Por ahora, su salida de prisión representa un alivio para su familia, aunque su situación legal continúa rodeada de incertidumbre. Mientras tanto, su caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las garantías procesales y el respeto a los derechos fundamentales en la isla.