
Denuncian trabas institucionales en el caso de Kamil y Ernesto mientras crece el respaldo ciudadano
Una reciente publicación en Facebook de Paula Amador Lobón ha vuelto a poner en el foco público el caso de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, creadores del proyecto El4Tico, quienes permanecen bajo proceso judicial en Cuba en medio de crecientes denuncias de irregularidades.
Según detalla Amador Lobón, el pasado 27 de febrero se lanzó una campaña en la plataforma Change.org exigiendo la liberación inmediata de ambos jóvenes. La petición, dirigida a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Provincial de Holguín, solicita el sobreseimiento de los cargos, el respeto a las garantías constitucionales y el cese de cualquier medida punitiva vinculada al ejercicio pacífico de sus derechos.
La iniciativa logró reunir 1.199 firmas hasta el 17 de marzo. Posteriormente, y en base a la legislación vigente, se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General, acompañada de las firmas recogidas, en un intento de dar cauce legal a la reclamación ciudadana.
En el documento, según la publicación, se sostiene que ni Kamil ni Ernesto han cometido delito alguno. Se argumenta que no actuaron con fines partidistas ni representan organización política alguna, y que sus acciones se limitaron al ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, se cuestiona la ocupación de sus medios de trabajo y la imposición de prisión provisional, medidas que —según la denuncia— no se ajustan a estándares legales.
La periodista Yania Suárez fue la encargada de presentar formalmente la denuncia el 27 de marzo en La Habana, en representación de los firmantes.
Uno de los elementos más graves señalados en la publicación es la presunta obstrucción por parte de la Fiscalía Provincial de Holguín. Según se denuncia, los familiares han enfrentado constantes trabas para entregar documentación, con excusas que van desde la falta de electricidad hasta la ausencia del funcionario responsable. Además, se asegura que ningún funcionario se ha identificado durante estos procesos, lo que incrementa la opacidad del procedimiento.
En paralelo, los documentos también habrían sido enviados a varias embajadas con sede en La Habana, incluida la de Estados Unidos, en busca de respaldo internacional ante lo que los denunciantes consideran un caso de vulneración de derechos fundamentales.
A pesar de las presiones y del acoso denunciado por parte de la Seguridad del Estado, la publicación destaca que el respaldo ciudadano hacia Kamil y Ernesto continúa creciendo. “Nadie va a parar hasta que estén libres”, concluye el mensaje difundido en redes sociales.
El caso se suma a otros procesos recientes en los que activistas, comunicadores o ciudadanos han sido procesados por expresar opiniones críticas, en un contexto marcado por tensiones sociales y un aumento de las protestas en distintas zonas del país.






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