Condenado por pensar distinto: el caso de Alexander Peraza revela la criminalización de la libertad en Cuba

En Cuba, expresar una opinión puede convertirse en delito. La sentencia contra Alexander Peraza García, emitida por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, lo confirma con crudeza.

No se le acusa de violencia. No se le imputa daño físico a terceros. Su “delito” ha sido utilizar un teléfono, una computadora y el acceso a internet para compartir contenidos, opinar y conectarse con otros cubanos dentro y fuera del país.

Eso ha bastado.

Un joven convertido en objetivo del Estado

Según la propia sentencia, Peraza utilizó redes sociales, grupos de mensajería y herramientas digitales para difundir información considerada contraria al sistema político. Entre las pruebas presentadas figuran publicaciones en Facebook, participación en grupos de WhatsApp y el uso de una VPN para sortear la censura.

Es decir, acciones cotidianas para millones de personas en cualquier país del mundo.

Pero en Cuba, no.

El tribunal construye el caso sobre una idea central: que compartir contenidos críticos equivale a “subvertir el orden constitucional”. Bajo esa lógica, el acusado deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en una amenaza.

El delito de opinar

La base legal de la condena es el artículo 124 del Código Penal, que sanciona la llamada “propaganda contra el orden constitucional”. Se trata de una figura jurídica lo suficientemente amplia como para abarcar desde una publicación en redes hasta la difusión de noticias de medios independientes.

En el caso de Peraza, la sentencia menciona como elementos incriminatorios:

Compartir contenidos de medios no oficiales Difundir problemáticas sociales del país Cuestionar la narrativa estatal Relacionarse con cubanos en el exterior

Nada de esto constituye delito en un Estado de derecho. En Cuba, sin embargo, se convierte en prueba suficiente para una condena.

Vigilancia, control y castigo

El expediente revela también el funcionamiento del aparato de control:

Monitoreo de redes sociales por parte del Ministerio del Interior Peritajes informáticos de dispositivos personales Testimonios de oficiales de la Seguridad del Estado

Todo el proceso descansa en estructuras que no son independientes del poder político. Las mismas instituciones que vigilan son las que investigan y las que aportan las pruebas.

El resultado es previsible.

El perfil de un “enemigo” sin violencia

El propio tribunal reconoce que Alexander Peraza mantenía una conducta social normal. No era una persona violenta. No tenía antecedentes graves. Su actividad se desarrollaba en el ámbito digital.

Aun así, fue procesado.

La sentencia incluso incorpora un informe psiquiátrico que lo describe como emocionalmente inestable, un recurso frecuente en procesos de carácter político para desacreditar al acusado más allá de los hechos.

No se trata solo de castigar. Se trata de deslegitimar.

Un mensaje para toda la sociedad

Más allá del caso individual, la condena cumple una función ejemplarizante. El mensaje es claro: cualquier ciudadano que utilice internet para informarse, opinar o cuestionar puede ser vigilado, investigado y procesado.

El espacio digital en Cuba no es libre. Es un territorio controlado.

El uso de herramientas como VPN, habituales en contextos de censura, es presentado como prueba de intencionalidad delictiva. Acceder a información alternativa se convierte, en sí mismo, en sospechoso.

Cuando la ley protege al poder y no al ciudadano

El análisis de esta sentencia evidencia un patrón: el derecho penal no se utiliza para proteger a la sociedad, sino para proteger al sistema político.

El delito no es causar daño. El delito es pensar distinto.

Bajo el amparo de figuras legales ambiguas, el Estado convierte la discrepancia en crimen y la opinión en amenaza. El proceso judicial deja de ser un mecanismo de justicia para convertirse en una herramienta de control.

El caso de Alexander Peraza García no es una excepción. Es una muestra más de cómo funciona el sistema.

En Cuba, la libertad no se presume. Se castiga.

Y cada sentencia como esta refuerza una realidad que millones de cubanos conocen bien: decir lo que se piensa puede costar la libertad.