La Asamblea Nacional responde a la petición de Amnistía con evasivas

La activista cubana Miryorly García Prieto denunció públicamente una respuesta “evasiva, burocrática y mal argumentada” por parte de la Dirección de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en relación con la petición ciudadana “Por una Amnistía Ya”, que impulsa la liberación de presos políticos en la isla.

En una extensa publicación difundida el 18 de marzo de 2026, García Prieto explicó que recibió en su vivienda una carta oficial como respuesta a la iniciativa cívica. Sin embargo, el contenido del documento —fechado el 9 de marzo— no responde de manera directa a la naturaleza de la petición, sino que, según la activista, intenta desvirtuarla mediante tecnicismos administrativos.

Uno de los puntos más cuestionados es el uso del término “solicitud” en lugar de “petición”, lo que, a juicio de García Prieto, constituye un intento de eludir el reconocimiento del derecho ciudadano establecido en el Artículo 61 de la Constitución cubana, que ampara el derecho de queja y petición ante las autoridades. Esta distinción semántica no sería menor, ya que implicaría una forma de evitar una respuesta de fondo a una demanda de carácter soberano.

Además, la activista denunció irregularidades en el proceso de entrega del documento. Según su testimonio, no recibió notificación previa de la visita y la funcionaria que llevó la carta acudió acompañada por al menos tres hombres que no se identificaron, uno de los cuales accedió sin permiso a áreas de la vivienda. García Prieto sugiere que estos individuos podrían pertenecer a la Seguridad del Estado.

Otro elemento que genera cuestionamientos es la falta de firma en la carta, así como el retraso en su entrega, que se produjo nueve días después de su emisión. Este hecho, sumado a las contradicciones entre la explicación verbal recibida en la propia Asamblea y el contenido del documento, apunta —según la denunciante— a una “falta de transparencia, seguridad jurídica y respeto al debido proceso administrativo”.

En su visita previa a la institución, el 9 de marzo, una funcionaria habría indicado que la petición debía ser respondida por la presidencia de la Asamblea Nacional, y no por la Dirección de Atención a la Población. Sin embargo, ese mismo día se emitió una carta desde dicha Dirección desestimando la petición, lo que evidencia, según García Prieto, una incoherencia institucional.

La respuesta oficial se apoya en el artículo 241.1 de la Ley 131 de 2019 para argumentar quiénes están legitimados a solicitar una amnistía. No obstante, la activista sostiene que este enfoque ignora el carácter político y ciudadano de la petición, que no busca iniciar un proceso legislativo formal, sino emplazar a los diputados a debatir y evaluar la situación de los presos políticos desde una perspectiva humanitaria y de representación popular.

La iniciativa “Por una Amnistía Ya” denuncia la existencia de más de mil personas condenadas injustamente en Cuba, así como el impacto de estas condenas en sus familias y las condiciones críticas del sistema penitenciario. García Prieto subraya que esta realidad constituye una crisis humanitaria que requiere atención urgente, especialmente ante el aumento de protestas pacíficas dentro de las cárceles, incluidas huelgas de hambre.

En su mensaje, la activista establece un paralelismo histórico con el pensamiento de José Martí, al considerar que la ciudadanía está interpelando a sus representantes como parte de un ejercicio legítimo de soberanía popular. En ese sentido, cuestiona que la Asamblea no haya redirigido la petición a los órganos competentes ni promovido su discusión en los espacios institucionales.

A pesar de la negativa recibida, García Prieto afirmó que la campaña continúa. La recogida de firmas sigue en marcha, junto con un proceso de verificación, y nuevas acciones cívicas serán anunciadas en los próximos días. “Nuestra meta no es solo que nos escuche la institución, sino organizarnos como ciudadanía activa”, expresó.