El régimen anuncia la liberación de 51 presos, pero persisten dudas sobre si incluirá a presos políticos

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano (MINREX) anunció este 12 de marzo que el Gobierno liberará en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. La decisión, según el comunicado oficial, se produce “en el espíritu de buena voluntad” y en el marco de las relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con quien —afirman— se ha mantenido históricamente comunicación sobre procesos de revisión y excarcelación de reclusos.

De acuerdo con la nota difundida por la Cancillería, los beneficiados habrían cumplido una “parte significativa de la pena” y mantenido “buena conducta” en prisión. El texto también recuerda que desde 2010 el Gobierno ha otorgado indultos a 9.905 reclusos y que en los últimos tres años otras 10.000 personas han sido excarceladas mediante distintos beneficios penitenciarios.

El comunicado presenta la medida como una práctica habitual del sistema penal cubano y la vincula además con la proximidad de la Semana Santa, intentando proyectar una imagen de gesto humanitario.

Sin embargo, el anuncio debe ser recibido con cautela.

En primer lugar, el comunicado no especifica quiénes son los 51 presos que serán liberados ni aclara si entre ellos se encuentran presos políticos. La experiencia de excarcelaciones anteriores demuestra que en muchas ocasiones el régimen mezcla algunos casos de prisioneros por motivos políticos con presos comunes, lo que dificulta evaluar el verdadero alcance de la medida.

Organizaciones independientes de derechos humanos han documentado que actualmente existen más de 1.000 presos políticos en Cuba, la mayoría detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021 y en manifestaciones posteriores. En ese contexto, la liberación de 51 personas resulta una cifra claramente insuficiente frente a la magnitud del problema.

Además, en ocasiones anteriores las excarcelaciones han estado acompañadas de restricciones como licencias extrapenales, liberaciones condicionadas o medidas que mantienen bajo presión a los opositores y activistas una vez fuera de prisión.

Por ahora, lo fundamental será conocer los nombres de los liberados.

Si entre ellos se encuentran prisioneros encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión o de manifestación, la medida podría representar un alivio para algunas familias. Pero mientras permanezcan más de mil personas encarceladas por motivos políticos, cualquier anuncio de este tipo seguirá siendo visto como un gesto limitado que no resuelve la crisis de derechos humanos que vive el país.

La verdadera señal de cambio sería la liberación de todos los presos políticos, algo que continúa siendo una de las principales demandas de la sociedad civil cubana y de numerosas organizaciones internacionales.