Jamaica desmiente al régimen cubano sobre el fin del programa de médicos

Kingston contradice la narrativa de La Habana y asegura que el programa terminó por conflictos legales y laborales

El Gobierno de Jamaica desmintió públicamente la versión difundida por el régimen cubano sobre la cancelación del programa de médicos cubanos en la isla. Según explicó la canciller jamaicana, Kamina Johnson Smith, la decisión no respondió a presiones de Estados Unidos, sino a desacuerdos legales y laborales que hicieron imposible renovar el convenio entre ambos países.

La ministra ofreció la explicación ante el Parlamento jamaicano, donde aclaró que el acuerdo bilateral que permitía la presencia de profesionales cubanos expiró en febrero de 2023 y que, desde entonces, ambos gobiernos intentaron renegociar nuevas condiciones. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

De acuerdo con Johnson Smith, el problema surgió cuando el programa comenzó a entrar en conflicto con la legislación laboral jamaicana y con estándares internacionales sobre contratación y derechos de los trabajadores.

El punto de conflicto: salarios y control del personal médico

Entre las principales preocupaciones detectadas por las autoridades jamaicanas estaba el sistema de pago utilizado en el programa. Según el Gobierno de Kingston, los salarios de los médicos no se pagaban directamente a los profesionales, sino que se transferían en dólares al Estado cubano.

Además, las autoridades señalaron que surgieron interrogantes legales sobre la falta de control directo de los médicos sobre sus documentos personales, incluido el pasaporte, así como sobre las condiciones contractuales bajo las cuales trabajaban.

Ante esta situación, Jamaica propuso mantener la cooperación médica bajo nuevas reglas. Entre ellas, que:

los médicos recibieran su salario directamente, conservaran sus pasaportes y documentos personales, y que los contratos se ajustaran a la legislación laboral jamaicana.

Sin embargo, según explicó la canciller, el gobierno cubano no respondió a esa propuesta, lo que llevó finalmente a Kingston a poner fin al programa estatal.

Los médicos podrán seguir trabajando, pero con contratos individuales

La decisión no implica la expulsión inmediata de los profesionales cubanos que actualmente trabajan en el país. Las autoridades jamaicanas aclararon que podrán terminar sus contratos vigentes o continuar trabajando mediante contratos individuales bajo las leyes laborales de Jamaica, sin intermediación del gobierno cubano.

Este cambio supone una modificación significativa en el modelo de cooperación que existía desde hace décadas.

Un programa que duró casi medio siglo

La presencia de médicos cubanos en Jamaica comenzó en 1976, cuando La Habana envió profesionales para cubrir la escasez de personal sanitario en la isla. Durante décadas, cientos de médicos, enfermeros y técnicos cubanos trabajaron en hospitales y centros de salud jamaicanos.

Hasta hace poco, cerca de 300 profesionales cubanos permanecían en el país bajo este programa.

La narrativa del régimen cubano

Tras conocerse la decisión, el régimen cubano aseguró que el fin del programa respondía a presiones de Estados Unidos, una acusación que Jamaica rechazó de forma explícita en el Parlamento.

La controversia ocurre en medio de un creciente escrutinio internacional sobre las misiones médicas cubanas, criticadas por organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos por las condiciones bajo las que trabajan los profesionales enviados al extranjero.

Diversos informes han señalado que en muchos países gran parte del salario pagado por los gobiernos receptores termina en manos del Estado cubano, mientras los médicos reciben solo una fracción del pago.

Un golpe a una de las principales fuentes de ingresos del régimen

Las misiones médicas en el extranjero representan una de las principales fuentes de divisas para el gobierno cubano. A través de estos programas, decenas de países pagan millones de dólares por los servicios de profesionales de la salud enviados por La Habana.

La decisión de Jamaica, al exigir contratación directa bajo sus leyes laborales, marca un precedente en el cuestionamiento internacional a este modelo de cooperación médica.