Fiscalía del régimen imputa por “terrorismo” a seis detenidos tras la incursión marítima del 25 de febrero en Villa Clara

La Fiscalía General de la República del régimen cubano anunció este 3 de marzo la imputación formal por delitos de terrorismo contra seis personas detenidas tras el incidente marítimo ocurrido el pasado 25 de febrero frente a la costa norte de la provincia de Villa Clara, cuando una lancha procedente de Estados Unidos intentó entrar al país.

Según la nota informativa difundida por el órgano estatal y reproducida por medios oficiales, el proceso penal está siendo instruido por el Órgano Especializado de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT). La Fiscalía informó además que los acusados permanecerán bajo medida cautelar de prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

El caso está relacionado con la embarcación interceptada por las Tropas Guardafronteras cerca de Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo. De acuerdo con la versión oficial, durante la operación se produjo un enfrentamiento armado en el que murieron cuatro de los ocupantes de la lancha y seis resultaron heridos y posteriormente detenidos.

Los fallecidos han sido identificados como Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.

En cuanto a los sobrevivientes arrestados, hasta ahora se han confirmado cinco nombres que coinciden en diferentes reportes: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, Roberto Álvarez Ávila, José Manuel Rodríguez Castelló y Cristian Ernesto Acosta Guevara.

Sin embargo, la identidad del sexto detenido sigue sin estar claramente establecida. En informaciones iniciales difundidas por medios estatales apareció el nombre de Roberto Azcorra Consuegra, un cubano residente en Miami. No obstante, el propio Azcorra declaró posteriormente que no participó en la incursión y que se encontraba en Estados Unidos en el momento del incidente, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de la lista publicada por las autoridades.

Hasta el momento, el régimen no ha rectificado públicamente esa información ni ha revelado quién sería el verdadero sexto sobreviviente detenido tras el operativo.

Las autoridades cubanas sostienen que el grupo intentaba realizar una “infiltración con fines terroristas”, una acusación que podría implicar penas extremadamente severas bajo el Código Penal vigente. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas independientes ni se ha permitido acceso público a los detenidos, lo que mantiene el caso rodeado de interrogantes.

El episodio ha provocado preocupación entre familiares y sectores del exilio cubano, que cuestionan la falta de transparencia en el proceso y temen que el caso sea utilizado por el régimen para justificar nuevas acusaciones políticas bajo la figura de terrorismo.