Régimen acusa a Maritza Lugo Fernández, residente en EE. UU., como “autora intelectual” del desembarco del 25 de febrero

El régimen cubano volvió a utilizar el programa Razones de Cuba como plataforma de acusación pública. En esta ocasión, el coronel Víctor Álvarez Valle, Segundo Jefe del Órgano Especializado de los Delitos contra la Seguridad del Estado del MININT, señaló a Maritza Lugo Fernández —residente en Estados Unidos y miembro del Movimiento 30 de Noviembre— como la supuesta “autora intelectual” del desembarco ocurrido el pasado 25 de febrero en las costas de Villa Clara.

Durante la transmisión, el oficial aseguró que las autoridades cuentan con “todas las pruebas” que demostrarían su vinculación con la operación. Sin embargo, en el espacio televisivo no se exhibió ningún documento, grabación, evidencia pericial ni elemento verificable que respalde públicamente la acusación.

La televisión estatal mostró la fotografía de Lugo Fernández acompañada del calificativo de “mercenaria”, junto a datos personales y referencias a su activismo político. El coronel afirmó además que está siendo mencionada por los detenidos, aunque no se presentaron declaraciones grabadas ni fragmentos verificables que permitan corroborar esa afirmación.

Los cubanos arrestados pertenecen al Movimiento Autodefensa del Pueblo (ADP), organización que, según su propia denominación, se define como un movimiento de defensa frente a la tiranía comunista. De acuerdo con la versión oficial, el grupo ingresó al país con armas y la intención de crear disturbios y ocupar bases militares para “acabar con la Revolución”, término con el que el aparato estatal se refiere a la dictadura.

La exposición mediática de Lugo Fernández ocurre en un escenario donde la televisión estatal actúa como tribunal previo. Antes de que exista una acusación formal visible para la opinión pública o un proceso judicial abierto, su imagen fue presentada como responsable intelectual del hecho. En Cuba, este tipo de programas suelen marcar la narrativa oficial antes de cualquier instancia procesal transparente.

Hasta ahora, toda la información difundida proviene exclusivamente de fuentes gubernamentales. No se ha permitido acceso independiente a la investigación ni se han mostrado pruebas concretas que sustenten la acusación anunciada en horario televisivo.

El caso añade un nuevo episodio al uso del aparato mediático del Estado para construir culpabilidades públicas en asuntos vinculados a la seguridad del régimen, en un contexto donde el debido proceso y la transparencia judicial siguen siendo cuestionados por organizaciones independientes.