Preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso habría sido brutalmente golpeado en el Combinado del Este

El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso, condenado a 18 años de prisión por su participación en las protestas del 12 de julio de 2021 en La Güinera, habría sido víctima de una violenta golpiza el pasado 24 de febrero en la prisión del Combinado del Este, según denuncias realizadas por otros reclusos desde el interior del penal.

Martínez Amoroso es uno de los manifestantes detenidos tras el levantamiento popular ocurrido en el barrio habanero de La Güinera, uno de los focos más reprimidos tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Por esos hechos fue sentenciado a 18 años de privación de libertad, en uno de los procesos judiciales más severos derivados de aquellas jornadas.

De acuerdo con testimonios filtrados desde la prisión, la agresión fue de tal magnitud que, tras la golpiza, el reo habría sido trasladado a una celda de aislamiento. Otros internos aseguran que su estado de salud mental es actualmente crítico: afirman que no recuerda lo ocurrido, presenta episodios en los que “se queda ido”, desconectado del entorno, y no estaría recibiendo ningún tipo de atención médica.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han ofrecido información oficial sobre lo sucedido ni sobre la condición física y psicológica del prisionero.

El uso de celdas de castigo tras agresiones físicas ha sido denunciado en múltiples ocasiones por familiares y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre prácticas de encubrimiento dentro del sistema penitenciario. En el caso de Martínez Amoroso, la falta de asistencia médica agrava la preocupación sobre posibles daños neurológicos o secuelas psicológicas derivadas de la violencia sufrida.

Las protestas de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de la isla. En La Güinera, la represión fue especialmente intensa y dejó detenidos con largas condenas, entre ellos Alexander Guillermo Martínez Amoroso, cuyo caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones en las cárceles y el trato a los prisioneros por motivos políticos.

Familiares y allegados exigen una evaluación médica independiente y garantías para su integridad física y mental, mientras crece la preocupación por su estado dentro del penal más grande del país.