Carolina Barrero ante el Parlamento de Canadá: “No pedimos que derroquen al régimen, pedimos que no lo legitimen”

La coordinadora de Ciudadanía y Libertad, Carolina Barrero, compareció por videoconferencia ante un comité del Parlamento canadiense, donde cuestionó abiertamente la narrativa oficial que atribuye la crisis humanitaria en Cuba a las sanciones de Estados Unidos y pidió a Canadá revisar su postura frente al régimen cubano.

Ante una pregunta directa sobre si las sanciones estadounidenses son responsables de la situación actual, Barrero respondió sin ambigüedades: “Esta pregunta es muy clara y la respuesta es no”.

Explicó que no existe un “bloqueo” en los términos en que lo presenta el discurso oficial, sino un entramado de sanciones codificadas bajo las leyes del embargo que, fundamentalmente, limitan el acceso del régimen a financiamiento en bancos norteamericanos. Recordó además que Cuba comercia con Estados Unidos y que ese país se encuentra entre los principales exportadores de alimentos y medicinas hacia la isla.

Sanciones individuales y responsabilidad política

Durante su intervención, Barrero planteó una interrogante dirigida a los legisladores canadienses: por qué no aplicar sanciones individuales —como las contempladas en legislaciones tipo Magnitsky— a funcionarios cubanos responsables de violaciones de derechos humanos.

“¿Por qué eximir a los jerarcas cubanos de estas sanciones? ¿Por qué esto es un tabú?”, cuestionó, al tiempo que señaló la necesidad de diferenciar entre medidas dirigidas al aparato de poder y aquellas que impactan a la población.

En ese contexto, pronunció una de las frases más significativas de su comparecencia:

“Nosotros no le pedimos a Canadá que nos ayude a derrocar al régimen… le pedimos que no continúe legitimando a un régimen opresor”.

La activista dejó claro que su llamado no es a la injerencia directa, sino a evitar que gobiernos democráticos respalden, financien o normalicen a una estructura que —según argumentó— reprime sistemáticamente a sus ciudadanos y no rinde cuentas.

“Lo único que funciona es la represión”

Al describir la situación humanitaria, Barrero afirmó que la crisis cubana es comparable únicamente con la de Haití y que el Estado ha perdido capacidad para garantizar servicios básicos.

Sostuvo que el sistema de salud, el transporte, la educación y el suministro eléctrico atraviesan un deterioro estructural. Como ejemplo, mencionó que una ambulancia puede tardar horas en responder ante una emergencia, mientras que las fuerzas de seguridad actúan con rapidez ante cualquier protesta o expresión de descontento.

“Lo único que funciona es la represión”, afirmó, al denunciar que publicaciones en redes sociales o expresiones públicas contra el Gobierno pueden derivar en detenciones y procesos penales.

Para Barrero, la crisis actual no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de desatención estructural y de una priorización política que, según explicó, favoreció inversiones en el sector turístico mientras se descuidaban infraestructuras esenciales como el sistema electroenergético nacional.

La ayuda internacional y sus canales de distribución

En relación con el reciente compromiso de Canadá de aportar 8,3 millones de dólares en asistencia a Cuba, Barrero advirtió sobre los mecanismos de implementación de la ayuda humanitaria.

Explicó que la cooperación internacional suele canalizarse a través de organismos como UNICEF, la Cruz Roja o el PNUD, que operan mediante contrapartes estatales dentro del país. Según su testimonio, esto dificulta la trazabilidad y la rendición de cuentas, ya que las entidades ejecutoras responden a la estructura gubernamental.

Como alternativa, sugirió que la ayuda se gestione mediante instituciones religiosas como Cáritas y la Iglesia, que —según afirmó— han demostrado mayor capacidad para distribuir asistencia directamente a la población y ofrecer mecanismos de transparencia más confiables.

La comparecencia de Barrero ante legisladores canadienses se produce en un contexto de creciente debate internacional sobre el alcance de la crisis en Cuba, el papel de las sanciones y la responsabilidad de la comunidad internacional frente a un escenario marcado por el deterioro económico, la migración masiva y las denuncias persistentes de represión.