Régimen cubano incluye en su lista de “detenidos” a un hombre que está en Estados Unidos

La versión oficial del régimen cubano sobre el suceso ocurrido en Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, comienza a mostrar grietas que ponen en duda la credibilidad de la información difundida por las autoridades.

Entre los nombres divulgados como presuntos participantes detenidos aparece el de Roberto Azcorra Consuegra. Sin embargo, según información hecha pública en el espacio de El Toque, conducido por el periodista Eloy Viera, Azcorra Consuegra no se encontraba en Cuba al momento de los hechos, sino en territorio de Estados Unidos.

La contradicción plantea una pregunta grave y directa: ¿cómo puede un gobierno anunciar la detención de una persona que no está en el país?

La aparición pública de Roberto Azcorra Consuegra en un video difundido en ese espacio periodístico desmonta la versión oficial del régimen. Ya no se trata de una suposición, sino de un dato verificable: Azcorra Consuegra se encuentra en Estados Unidos y no estaba en Cuba cuando ocurrieron los hechos en Cayo Falcones. Esto convierte su inclusión en la lista de “detenidos” en algo mucho más grave que un simple error administrativo y apunta directamente a una identificación negligente, una manipulación informativa o la fabricación deliberada de un relato para sostener una narrativa oficial.

En cualquier Estado que respete mínimamente el debido proceso, los nombres que se hacen públicos como “detenidos” deben estar respaldados por pruebas claras, verificables y judicialmente sostenibles. Hasta ahora, las autoridades cubanas no han presentado evidencias públicas que confirmen la presencia física de todos los señalados en la embarcación involucrada en los hechos.

La inclusión de una persona que estaba fuera del país en el momento del suceso no solo debilita la versión oficial, sino que abre serios interrogantes sobre la forma en que se está conduciendo la investigación y sobre el uso político de la información en un caso de alta sensibilidad.

Cuando un Estado puede convertir en “detenido” a alguien que no se encuentra en su territorio, la preocupación deja de ser únicamente política y pasa a ser jurídica. Lo que queda en entredicho no es solo un comunicado oficial, sino la credibilidad misma del sistema que lo emite y la validez de todo el relato construido alrededor de este caso.