EEUU habría exigido a Delcy Rodríguez cooperación judicial contra nueve figuras chavistas

Un reporte del diario español ABC señala que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, habría hecho llegar por escrito a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, una solicitud formal de cooperación judicial en investigaciones que Washington mantiene abiertas contra nueve destacados integrantes del entorno chavista. La información, publicada por ABC el pasado 20 de febrero, ha sido replicada por varios medios especializados en América Latina y política internacional. 

Según el medio español, la petición de las autoridades estadounidenses no solo implica permitir interrogatorios, sino también acceso a documentación financiera, trazabilidad de movimientos de fondos e incluso mecanismos de entrega o traslado de los señalados, en lo que sería un esfuerzo por avanzar en casos relacionados con corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico. 

Una lista reservada y de alto perfil

La publicación de ABC —firmada por el corresponsal David Alandete— explica que la lista de los nueve investigados no ha sido hecha pública oficialmente, pero que su presentación se ha convertido en una condición para avanzar en otras fases de normalización de relaciones. 

Entre los nombres que, según la noticia, estarían en esa lista figuran:

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, identificado como figura clave por su presunta implicación en redes de corrupción y por su conocimiento del manejo de bienes familiares. 

Alex Saab, empresario considerado un operador financiero del chavismo y con historial de investigaciones por lavado de dinero en Estados Unidos. 

Raúl Gorrín, empresario vinculado a esquemas de sobornos y circuitos financieros sospechosos. 

Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro de Maduro, sancionado por presunta participación en comisiones asociadas a contratos públicos. 

Tareck El Aissami, exministro con investigaciones por presunta corrupción en PDVSA y vinculado a acusaciones de narcotráfico. 

Samark López Bello, empresario señalado de ser testaferro en tramas vinculadas a El Aissami. 

Pedro Luis Martín-Olivares, exresponsable de inteligencia económica con cargos por narcotráfico e inteligencia en Estados Unidos. 

Medios que retomaron la información aclaran que no todos los nueve nombres han sido enumerados con precisión en todas las versiones, pero existe consenso en que los mencionados conforman el núcleo de los investigados por Washington. 

Un contexto de tensión y cooperación bajo presión

ABC describe que la estrategia estadounidense no se limita a interrogatorios sino que busca capturar información clave para desentrañar circuitos de corrupción que vinculan al chavismo con redes internacionales de crimen financiero y narcotráfico. La dificultad radica en que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de nacionales, lo que obliga a explorar fórmulas alternativas de cooperación, como traslados, entrevistas dentro de Venezuela o salidas pactadas, sin usar formalmente el término “extradición”. 

Desde Caracas, la Presidencia de Delcy Rodríguez no ha publicado una respuesta oficial a esta exigencia, aunque otros reportes periodísticos informan que el Gobierno venezolano ha mantenido ya contactos con funcionarios estadounidenses sobre seguridad y narcotráfico. 

Sin confirmación oficial de Washington

Es importante señalar que hasta ahora no existe un comunicado oficial público del Departamento de Justicia, la Casa Blanca o el Departamento de Estado de Estados Unidos que confirme de manera independiente la lista de nueve personas o los detalles de la cooperación solicitada. La información —según recogen varios portales latinos— proviene principalmente de lo publicado por ABC y fue difundida con base en fuentes que el diario identifica como “conocedoras de las conversaciones”. 

Este episodio refleja tanto la presión judicial de Estados Unidos contra figuras vinculadas al antiguo régimen de Nicolás Maduro como las complejidades diplomáticas y legales que implica coordinar investigaciones con un Gobierno que, constitucionalmente, no extradita a sus nacionales.