
Cambios en la cúpula de la “cooperación médica”: la maquinaria de la explotación se reorganiza
La dictadura cubana ha vuelto a mover fichas en una de sus estructuras más rentables y opacas: la llamada “cooperación médica internacional”, un sistema denunciado en múltiples países y foros internacionales por prácticas que encajan en la explotación laboral, la retención de salarios y la separación forzosa de familias.
Al frente de ese engranaje se encuentra hoy la doctora Gretza Sánchez, actual directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), el organismo que gestiona y controla la exportación de médicos y personal sanitario cubano al exterior. Desde esa oficina, ubicada en la Carretera del Cujae, en el municipio Marianao, se deciden contratos, destinos y condiciones que afectan a miles de profesionales de la salud enviados a más de 40 países.
Sánchez no es una figura desconocida dentro del aparato. Formada en la Facultad de Medicina de Villa Clara, donde se graduó en 1994, posteriormente se especializó en Medicina General Integral y Epidemiología. Su carrera dio un giro cuando pasó a ocupar cargos administrativos y políticos: primero al frente del Centro de Higiene de Villa Clara, luego como Directora Provincial de Salud, y más tarde en el Ministerio de Salud Pública, donde tuvo bajo su control áreas sensibles como las estadísticas sanitarias. Su ascenso culminó con su nombramiento como directora de la UCCM, la entidad que actúa como intermediaria entre los profesionales cubanos y los gobiernos que contratan los servicios médicos del régimen.
En la práctica, esta estructura es la que retiene una parte sustancial del salario de los médicos, impone restricciones de movimiento, condiciona la reunificación familiar y establece contratos que colocan a los sanitarios en una posición de clara desventaja frente a los Estados receptores y frente al propio gobierno cubano. Mientras tanto, dentro de la isla, la mayoría de los médicos sobrevive con sueldos miserables, hospitales sin recursos y jornadas extenuantes.
Precisamente esta semana, en un acto calificado oficialmente como “solemne”, se produjo un relevo en la Subdirección Primera de la UCCM. La ceremonia estuvo presidida por la propia Gretza Sánchez y por el doctor Ricardo Ernesto Bagarotti Iturriaga, jefe del Departamento de Cuadros, acompañados por otros directivos del centro.
En ese acto, la doctora Marlene Tang Borrego, quien se desempeñaba como Coordinadora de la Subdirección Primera, entregó el cargo al doctor Miguel Gómez Cruz, que asume desde ahora como nuevo Subdirector Primero. Esta subdirección es clave: es la encargada de la captación y gestión de los médicos generales y especialistas en MGI que son enviados a las llamadas “misiones”.
Según la versión oficial, durante la ceremonia se reconoció la “destacada labor” de Tang Borrego, con palabras de agradecimiento, un diploma y una mochila como símbolo de reconocimiento por años de “servicio”. Un gesto que contrasta con la realidad de miles de médicos que, bajo ese mismo sistema, han visto confiscada gran parte de su salario y restringidos sus derechos más básicos.
El discurso del acto insistió en la “continuidad” y en la importancia de la cooperación médica como “pilar fundamental” del trabajo del centro. En términos reales, esa cooperación sigue siendo una de las principales fuentes de divisas del régimen, alimentada por el trabajo de profesionales que no controlan sus contratos ni el destino final de su esfuerzo.
El aplauso protocolar al nuevo subdirector y la retórica de “respeto institucional” no ocultan lo esencial: no hay cambio de modelo, solo rotación de cuadros. La estructura que permite la explotación, la opacidad contractual y el despojo salarial sigue intacta. Cambian los nombres, pero la maquinaria permanece.
Gretza Sánchez, conocida además por su defensa pública del régimen en redes sociales, representa a una élite administrativa que goza de privilegios —vehículos asignados, combustible, condiciones materiales muy por encima de la media del sector— mientras la base del sistema sanitario cubano sobrevive en condiciones precarias dentro de la isla y bajo contratos abusivos en el exterior.
Estos movimientos internos confirman que la dictadura no piensa renunciar a una de sus principales “minas de oro”. La llamada cooperación médica sigue siendo, más que un programa solidario, un negocio de Estado construido sobre el trabajo forzado y la vulnerabilidad de sus propios profesionales.
Conviene no olvidar estos nombres ni estos cargos. Son piezas de una misma estructura que, desde hace años, convierte a los médicos cubanos en mercancía política y financiera. Cambian los rostros, pero la responsabilidad es la misma.






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