Carlos Miguel Pérez Reyes justifica la represión y confirma que en Cuba opinar sigue siendo un riesgo

Las recientes detenciones de los creadores del proyecto digital El4tico han vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el régimen cubano: en la isla, la libertad de expresión sigue siendo un derecho citado en los textos legales, pero castigado en la práctica. En ese contexto, el diputado oficialista Carlos Miguel Pérez Reyes publicó en Facebook un extenso alegato en el que intenta presentar la represión como un ejercicio “legal” y “defensivo” del Estado.

En su mensaje, Pérez Reyes parte de una premisa conocida. Reconoce que la Constitución cubana, en su Artículo 54, habla de libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y admite que criticar no es, por definición, un crimen. Hasta ahí, el discurso parece alineado con un estándar mínimo de derechos. Sin embargo, el propio texto se encarga de vaciar esa afirmación de contenido real.

El diputado introduce de inmediato las “limitaciones” al ejercicio de esos derechos, citando el Artículo 45, que supedita las libertades a conceptos difusos como la “seguridad colectiva”, el “orden público” o el “bienestar general”. En el lenguaje del régimen, esas fórmulas ambiguas han servido durante décadas para justificar detenciones arbitrarias, censura, interrogatorios y procesos penales contra cualquiera que cuestione el poder.

Más revelador aún es cuando apela al Artículo 4 de la Constitución, que declara “irrevocable” el socialismo y legitima la defensa del orden establecido frente a quienes intenten cambiarlo. Traducido a la realidad cubana, el mensaje es claro: no solo se castiga la violencia o los llamados explícitos a cometer delitos, sino también cualquier discurso que ponga en duda el modelo político impuesto.

El argumento se completa con la habitual invocación a la “soberanía” y a la supuesta amenaza de “campañas organizadas desde el exterior”. Bajo ese paraguas, Pérez Reyes equipara la crítica interna, el activismo cívico y el periodismo independiente con acciones “subversivas” o “hostiles”, una lógica que convierte el ejercicio de la palabra en un acto sospechoso por definición.

Lejos de defender derechos, la publicación del diputado confirma lo que miles de cubanos ya saben por experiencia propia: en Cuba la Constitución no protege al ciudadano frente al poder, sino que sirve como herramienta para blindar al poder frente al ciudadano. La libertad de expresión existe en el papel, pero en la práctica está condicionada a no cruzar las líneas que marca el Partido Comunista.

El caso de los jóvenes de El4tico ilustra esa contradicción. No están presos por cometer delitos comunes, sino por pensar, cuestionar y hablar de la realidad del país fuera de los márgenes permitidos. Y ahora, desde la voz de un diputado como Carlos Miguel Pérez Reyes, se intenta normalizar esa represión presentándola como “defensa del orden constitucional”.

Cuando un representante del régimen siente la necesidad de explicar por qué criticar puede ser castigado, lo que queda en evidencia no es la fortaleza del sistema, sino su miedo a la palabra libre. En Cuba, opinar sigue siendo un riesgo, y cada justificación pública de la represión lo confirma.