El régimen emite acta de advertencia a dos sacerdotes en Camagüey por sus pronunciamientos públicos

Las autoridades cubanas entregaron un acta de advertencia a los sacerdotes Alberto Reyes y Castor Álvarez en la provincia de Camagüey, tras citarlos para cuestionar sus intervenciones públicas sobre la situación del país. Según informó el propio padre Alberto Reyes, la Seguridad del Estado argumentó que sus críticas al sistema político podrían constituir “delitos punibles por la ley”.

El procedimiento consistió en hacerles reconocer formalmente que sus expresiones sobre el sistema podrían tener implicaciones penales. La emisión de un acta de advertencia es una práctica recurrente aplicada contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos que expresan criterios considerados “subversivos” por el régimen, aun sin que exista delito alguno.

“El objetivo de la citación era hacernos un acta de advertencia por nuestras posturas públicas respecto al sistema, las cuales podrían constituir, según ellos, delitos punibles por la ley”, señaló Reyes tras salir de la dependencia donde fueron atendidos.

El sacerdote también agradeció el apoyo recibido y afirmó que continuarán buscando “el bien mayor para nuestra patria”.

Un instrumento para inhibir el discurso

En Cuba, el acta de advertencia no representa una condena judicial, pero constituye un precedente oficial que puede ser usado posteriormente para justificar procesos penales, detenciones, restricciones de movimiento o medidas administrativas. Su función principal es intimidar y disuadir al ciudadano de continuar expresándose.

Aplicarla contra miembros del clero marca una señal clara: el Estado considera que la palabra pública, incluso desde la Iglesia, es un riesgo político.

La Iglesia Católica en el centro del descontento social

Tanto Reyes como Álvarez han sido actores visibles dentro de la Iglesia Católica cubana en su acompañamiento a familias afectadas por la pobreza, el desabastecimiento, la migración forzada y la represión. Sus textos y homilías describen con claridad el deterioro moral, económico y espiritual del país, algo que ha encontrado eco en la población.

Desde 2021 se han registrado presiones contra sacerdotes, expulsiones de religiosos extranjeros, vigilancia en templos y citaciones a laicos vinculados a obras sociales. La advertencia reciente confirma que el régimen sigue vigilando de cerca a la Iglesia como espacio con legitimidad social en un contexto de crisis.

Reacciones en redes y fractura social

La publicación de Reyes acumuló miles de reacciones en pocas horas, con mensajes de respaldo y reflexiones sobre la ruptura entre el poder político y el sentir ciudadano. Entre los comentarios más compartidos estuvo el de Raudel García Bringas, quien analizó el contraste entre la función del Estado y la misión pastoral:

“Ellos defienden un sistema político. Ustedes acompañan a su pueblo”, escribió, aludiendo a una “fisura” que ha convertido al ciudadano común en enemigo y a los responsables del deterioro social en protegidos del poder.

El comentario sintetiza una percepción extendida: la distancia entre Estado y pueblo es cada vez más visible, y la Iglesia se encuentra acompañando a quienes sufren, mientras el gobierno defiende la estructura que genera ese sufrimiento.

Un mensaje para callar… y una respuesta para no hacerlo

Más allá del contenido administrativo, la advertencia estatal envía un mensaje claro a los sacerdotes: hablar de la realidad puede tener consecuencias. El régimen busca limitar espacios de articulación, reflexión y conciencia cívica, especialmente cuando provienen de instituciones con credibilidad social.

Pese a ello, Reyes cerró su publicación con una afirmación contraria al objetivo de la intimidación:

“Seguiremos buscando el bien mayor para nuestra patria, para todos en nuestra patria.”

En un país donde la palabra es vigilada, que dos sacerdotes reciban un acta de advertencia por describir la realidad evidencia el temor del poder a la verdad y la legitimidad social de quienes la expresan.