A la lista de represores cubanos: jueces y fiscales que condenaron a manifestantes de Encrucijada

El proyecto represorescubanos.com, impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), ha incorporado a su lista de Represores de Cuello Blanco a cuatro juristas que participaron en la condena de seis manifestantes de Encrucijada (Villa Clara). El proceso judicial concluyó el 15 de enero de 2026 con sanciones de hasta ocho años de prisión contra ciudadanos que protestaron pacíficamente para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 48 horas de apagón el 7 de noviembre de 2024.

La lista incluye a los fiscales Ayrebi Miranda Pérez —ya previamente identificado por el proyecto en junio de 2025— y Yosmel Guevara Herrera, así como a los jueces Aimee Caraballé Corrales (ponente), María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández.

Un proceso contra el derecho a la protesta

Según la FDHC, en el Expediente de Fase Preparatoria 944/2024 el fiscal Miranda Pérez describió que los imputados tocaron cazuelas y gritaron “queremos corriente” frente a la sede del Poder Popular y del Partido Comunista. Por esos actos —claramente vinculados al derecho ciudadano de reclamar servicios básicos— los acusó de Desórdenes Públicos, solicitando penas de 4 a 9 años de prisión, peticiones que fueron formalizadas en juicio por el fiscal actuante Guevara Herrera.

Los jueces Caraballé Corrales, Domínguez Rodríguez y Faife Hernández impusieron sanciones definitivas de 5 a 8 años en la Sentencia No. 4/2026, alegando que los procesados “incitaron a otras personas” y “obstaculizaban la vía pública”. Sin embargo, en los videos difundidos en redes se observa una protesta cívica realizada ante las autoridades competentes, lugar donde el propio gobierno afirma que las manifestaciones serían “lícitas”.

Un caso que estremeció al exilio cubano

El juicio adquirió especial visibilidad en medios independientes y del exilio debido al encarcelamiento del escritor José Gabriel Barrenechea Chávez, cuyo drama se agravó luego de que su madre —gravemente enferma— solicitara verlo por última vez. La petición fue denegada por el jefe de la prisión de La Pendiente, Yurianis Speck Rosillo, y la mujer falleció sin poder despedirse de su hijo, hecho que indignó a la comunidad intelectual.

Peticiones fiscales y sanciones impuestas

Yandri Torres Quintana — petición: 9 años / sanción: 8 años

Rafael Javier Camacho Herrera — petición: 9 años / sanción: 7 años

José Gabriel Barrenechea Chávez — petición: 6 años / sanción: 6 años

Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa — petición: 5 años / sanción: 5 años

Yuniesky Lorences Domínguez — petición: 4 años / sanción: 3 años de trabajo correccional sin internamiento

Marcos Daniel Díaz Rodríguez — petición: 5 años de limitación de libertad / sanción: 5 años de limitación de libertad

Delitos atribuidos por la FDHC

El proyecto sostiene que estos juristas estarían involucrados en:

Crímenes de lesa humanidad: Encarcelamiento y Persecución por motivos políticos Violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo e imparcial, amparados en los artículos 7–11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Prevaricación: delito internacional vinculado al uso del derecho para fines represivos

Los juristas incorporados

Petición para identificación pública

El proyecto represorescubanos.com está solicitando apoyo ciudadano para poner rostro a los responsables y documentar de manera más completa sus perfiles, ya que en algunos casos no existe una sola fotografía pública. Uno de los ejemplos más llamativos es el de la jueza María Teresa Domínguez Rodríguez, de quien no se ha encontrado imagen alguna en redes ni en publicaciones oficiales.

La FDHC pide que cualquier persona que pueda reconocer a alguno de estos juristas por nombre completo o por actividad profesional, envíe fotografías e información verificable para ayudar a completar los expedientes y facilitar futuras acciones legales y de documentación histórica.

“La identificación visual es una herramienta clave para combatir la impunidad. Si el régimen Cuba opera en el anonimato, estas bases de datos ayudan a exponer y responsabilizar”, señalan desde la Fundación.