Condenas severas en Villa Clara contra manifestantes por apagones: el régimen criminaliza la protesta cívica

El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara dictó duras condenas contra seis ciudadanos acusados del delito de “desórdenes públicos”, en un proceso llevado por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, entidad que el régimen reserva para casos de carácter político. Las penas oscilan entre trabajo correccional, privación y limitación de libertad, además de sanciones accesorias que restringen derechos civiles y de movilidad.

Las condenas se producen tras la protesta pacífica registrada en Encrucijada el 7 de noviembre de 2024, cuando vecinos salieron a la calle a golpear calderos y exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en medio de prolongados apagones. No hubo destrozos, incendios ni agresiones a personas o instituciones, según testimonios recogidos por medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

Las condenas impuestas

El fallo al que tuvo acceso ClickCuba establece las siguientes penas:

José Gabriel Barrenechea Chávez → 6 años de privación de libertad.

Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa → 5 años de privación de libertad.

Yuniesky Lorences Domínguez → 3 años de trabajo correccional sin internamiento.

Yandri Torres Quintana → 8 años de privación de libertad.

Rafael Javier Camacho Herrera → 7 años de privación de libertad.

Marcos Daniel Díaz Rodríguez → 5 años de limitación de libertad.

En todos los casos se dispone el abono del tiempo de prisión preventiva.

Un proceso con antecedentes y alertas internacionales

Las detenciones derivaron de una protesta por apagones, pero la respuesta del aparato fiscal fue presentada como un asunto de “seguridad del Estado”. En su acusación, la Fiscalía Provincial solicitó inicialmente penas de entre 4 y 9 años de prisión, calificando el cacerolazo como perturbación del orden público.

Organizaciones como Cubalex, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) y la plataforma Represores Cubanos denunciaron públicamente la desproporción del caso, señalando que el fiscal Ayrebi Miranda Pérez fue incluido en listados de “represores” por pedir penas de cárcel contra manifestantes que exigían electricidad de forma pacífica.

Uno de los condenados: Barrenechea, escritor e intelectual

José Gabriel Barrenechea Chávez, periodista, escritor e intelectual. Fue encarcelado sin juicio firme durante casi un año tras los hechos de Encrucijada, hasta recibir ahora una sentencia de 6 años.

Documentos filtrados muestran que la fiscalía introdujo elementos subjetivos sobre su “desafecto al proceso revolucionario” y su conducta social, algo que juristas independientes consideran un indicio de persecución política más que penal.

Control post-sentencia y prohibiciones adicionales

Además de la pena principal, los condenados enfrentan medidas accesorias que buscan impedir cualquier participación pública autónoma. El tribunal impone:

Prohibición de ejercer cargos directivos o funciones con contenido político-administrativo. Restricciones al activismo social. Prohibición de salida del país sin autorización judicial. Advertencias de sanciones agravadas en caso de reincidencia.

Estas disposiciones han sido calificadas por expertos como formas de extensión del encarcelamiento político fuera de prisión, pues mantienen vigilancia y control prolongado sobre los sancionados.

Criminalización de la protesta pacífica

Desde las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el régimen cubano ha utilizado figuras como desórdenes públicos, sedición y propaganda enemiga para perseguir el ejercicio del derecho a protesta. El patrón que se repite en Encrucijada —protestas pacíficas, penas severas y sanciones accesorias— ha sido documentado por ONG como Prisoners Defenders y Justicia 11J, que contabilizan más de un millar de presos políticos desde 2021.

Conclusión

Las condenas en Villa Clara evidencian que el régimen cubano continúa utilizando el sistema judicial como instrumento de castigo ejemplarizante frente al descontento social. En un país marcado por apagones, precariedad y una crisis generalizada, el Estado opta por judicializar el reclamo ciudadano en lugar de atender sus causas.

Mientras la represión se desplaza de la calle al tribunal, la protesta —incluso la más elemental, como pedir luz para cocinar— se castiga con cárcel.