Testimonio desde Guantánamo: detención, condiciones inhumanas y multas por protestar por la electricidad

El guantanamero Diosvany Zalazar Rodríguez, vecino del poblado de Maqueicito, denunció públicamente su detención y las condiciones que asegura haber sufrido bajo custodia estatal tras las protestas del 7 de noviembre en esa localidad, cuando decenas de personas salieron a la calle para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.

Según su testimonio, Zalazar no participó de forma activa en la manifestación. Afirma que acudió por pocos minutos para observar lo que ocurría y regresó a su casa al no ver solución. Sin embargo, siete días después fue detenido tras ser mencionado por terceros entre los manifestantes.

Detención sin comunicación con la familia

Zalazar relata que fue interceptado en la ciudad de Guantánamo, en la zona de Crombet y La Línea, cuando esperaba transporte para regresar a su barrio. Dos agentes —a quienes identifica solo por apodos— lo condujeron sin permitirle avisar a su familia ni realizar una llamada. “Me dijeron que les había ahorrado un viaje”, explicó.

Fue trasladado a operaciones, donde permaneció siete días en los que asegura no haber ingerido alimentos, con una pérdida de peso de alrededor de 20 libras. Posteriormente, fue enviado a un penal donde pasó 23 días adicionales.

Condiciones de reclusión denunciadas

El detenido describe condiciones sanitarias extremas en el área conocida como depósito. Afirma que los baños carecen de fosas, con desechos en el suelo, filtraciones de agua, proliferación de mosquitos y hacinamiento. “En mi cubículo dormían 35 personas en el piso, con el agua corriendo”, señaló.

Zalazar asegura que la alimentación es insuficiente, lo que provoca pérdida severa de peso entre los reclusos, y que existen riesgos constantes de enfermedades. También denunció haber presenciado maltratos a otros internos, incluidos menores, y afirmó que su abogado le aconsejó no intervenir.

Multas y decomisos

Tras su liberación, Zalazar fue sancionado con una multa de 10.000 pesos, que tuvo que pagar de inmediato. Otros detenidos recibieron multas de 5.000 pesos, según su relato. Además, denuncia el decomiso de su teléfono móvil, valorado en 73.000 pesos, sin acta de decomiso.

Asegura que este no es un hecho aislado: afirma que la Seguridad del Estado le ha decomisado cuatro teléfonos y le ha impuesto tres multas bajo el Decreto-Ley 370, conocido como “ley mordaza”. “En el tribunal pregunté si había libertad de expresión y me dijeron que no”, declaró.

Denuncia de persecución y llamado internacional

Zalazar sostiene que vive bajo vigilancia constante en Guantánamo y que actualmente no tiene teléfono ni línea para comunicarse, lo que limita su vida cotidiana y laboral. En su testimonio, insiste en que su “delito” ha sido expresarse pacíficamente y ejercer su libertad de pensamiento.

Finalmente, hizo un llamado a organismos internacionales, en particular a la ONU, para que visiten el penal denunciado y verifiquen las condiciones. “Que el mundo vea que en Cuba sí se violan los derechos humanos”, afirmó, y pidió el cierre de instalaciones que calificó de “inhumanas”.

El testimonio de Diosvany Zalazar Rodríguez se suma a otras denuncias de ciudadanos cubanos que aseguran haber sido detenidos, multados o sancionados por protestar o expresar opiniones críticas, en un contexto de crisis prolongada de servicios básicos y restricciones a las libertades civiles.