Ciudadanos de Contramaestre denuncian corrupción en la Fiscalía municipal en una carta abierta a la Fiscal General de la República

Ciudadanos del municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, enviaron una carta abierta a la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, en la que denuncian un entramado de corrupción, encubrimiento e impunidad en la Fiscalía municipal. La denuncia fue publicada íntegramente en Facebook por el activista Yois Ramos.

La misiva acusa directamente a la fiscal de Contramaestre, Yamilka Vega Rosales, a quien los denunciantes responsabilizan por abuso de poder, complicidad con hechos delictivos y manipulación de los mecanismos institucionales para proteger a funcionarios locales señalados por corrupción.

Señalamientos contra la fiscal y su esposo

Uno de los ejes centrales de la carta es la acusación contra Walfrido Medina Mora, esposo de la fiscal municipal. Según el texto, Medina Mora habría incurrido en robos reiterados, irregularidades administrativas y manejo indebido de recursos del Estado, sin que estos hechos hayan derivado en procesos penales.

Los ciudadanos denuncian que, lejos de ser investigado o sancionado, habría sido trasladado de una institución a otra, una práctica que califican como encubrimiento deliberado para evitar consecuencias legales. “Ese traslado no es justicia, es encubrimiento”, afirma la carta, que señala a la fiscal como responsable directa de permitir y facilitar estas reubicaciones.

Justicia severa para unos, indulgente para otros

El documento contrasta este trato con la rapidez y dureza con que la Fiscalía actúa contra jóvenes inconformes, manifestantes pacíficos y opositores políticos. Según los denunciantes, en esos casos se fabrican causas, se imponen largas condenas y se vulnera el debido proceso, mientras que las denuncias por corrupción real son archivadas o ignoradas.

“La Fiscalía que persigue al que protesta es la misma que protege al corrupto”, sostienen los firmantes, quienes acusan a la institución de haber dejado de actuar como órgano jurídico para convertirse en una herramienta política al servicio del poder.

Otros funcionarios señalados

La carta también menciona a otros altos cargos del gobierno local. Entre ellos, al presidente de la Asamblea Municipal, señalado por corrupción y negocios con privilegios, y al intendente municipal, a quien se acusa de robo de combustible, malversación de recursos estatales y denuncias públicas de acoso sexual.

Según los ciudadanos, estas acusaciones han sido expuestas en redes sociales y acompañadas de pruebas, sin que hasta el momento se haya informado de investigaciones transparentes ni de medidas legales adoptadas.

Desconfianza ciudadana y ruptura institucional

Los denunciantes describen un escenario en el que la Fiscalía municipal ha dejado de ser sinónimo de legalidad para convertirse en un espacio de silencios comprados, expedientes manipulados y protección a los suyos. Esta dinámica, aseguran, ha generado una profunda desconfianza social, donde el miedo ha sustituido cualquier expectativa de justicia.

“La ley no es refugio, es amenaza”, afirman, al denunciar una aplicación selectiva del sistema judicial que castiga la disidencia y premia la lealtad.

“Esta carta no espera respuesta”

La misiva aclara que no espera una respuesta oficial. Para sus autores, la verdadera rendición de cuentas no vendrá de los tribunales actuales, sino de la memoria histórica y de un futuro en el que Cuba pueda llamar a las cosas por su nombre.

“Haga el expediente y proceda”, exigen a la Fiscal General de la República, responsabilizando a la fiscal municipal por callar, mover fichas y actuar como cómplice, pese a que —afirman— las pruebas han sido entregadas y las denuncias son conocidas.

La publicación de esta carta vuelve a poner en evidencia una denuncia recurrente en la isla: la existencia de una justicia selectiva, implacable con quienes cuestionan al poder y complaciente con quienes forman parte del entramado institucional. En Contramaestre, según este testimonio ciudadano, la Fiscalía no imparte justicia: administra impunidad.