Denuncia de la esposa del preso político José Antonio Pompa expone graves abusos y negligencia médica en la prisión de Agüica

La esposa del preso político cubano José Antonio Pompa López denunció ante la redacción de ClickCuba una serie de violaciones graves a los derechos humanos, negligencias médicas y condiciones inhumanas de reclusión que, según su testimonio, ponen en riesgo la vida de su esposo. La denuncia fue realizada mediante un audio enviado por Suarmi Hernández Vilar, tras una reciente visita al penal donde se encuentra recluido, en la prisión de Agüica, provincia de Matanzas.

Según relata Hernández Vilar, Pompa López pasó al menos tres días con fiebre alta sin recibir atención médica adecuada, pese a padecer problemas renales previos y haber sostenido una huelga de hambre de 30 días. De acuerdo con su testimonio, el primer día de fiebre solicitó asistencia médica al jefe de orden interior, quien se negó a facilitarle atención. La fiebre se prolongó durante toda la madrugada y solo recibió una inyección para bajarla, sin que se le administrara tratamiento alguno para los riñones, a pesar de presentar síntomas claros como ardor al orinar.

La denunciante subraya que en la prisión se impide a los reclusos tener medicamentos propios, incluso aquellos llevados por sus familiares. Estos fármacos son retirados y quedan bajo control del personal médico del penal, que asegura disponer de medicamentos suficientes, algo que Hernández Vilar desmiente. Afirma que su esposo no está recibiendo el tratamiento que necesita y que los medicamentos que llevaba desde su traslado anterior le fueron retirados y entregados a ella, dejándolo desprotegido ante posibles crisis de salud, especialmente durante la noche.

Las condiciones de reclusión descritas en el audio son alarmantes. Hernández Vilar asegura que la prisión de Agüica presenta un nivel de deterioro extremo. Describe a los presos visiblemente desnutridos, sin acceso a una alimentación adecuada, con raciones mínimas que no superan “tres dedos en un vaso”. Denuncia además la ausencia total de electricidad en los cubículos colectivos, sin bombillos ni instalaciones eléctricas, lo que mantiene a los reclusos en oscuridad permanente, salvo cuando son sacados al patio, algo que ocurre solo una vez por semana.

A esto se suman las pésimas condiciones higiénico-sanitarias. La esposa del preso político afirma que los reclusos conviven con chinches, mosquitos, cucarachas y otros insectos, favorecidos por la oscuridad constante y la falta de limpieza. El acceso a las llamadas telefónicas también es limitado y precario. Solo pueden comunicarse una vez a la semana, los martes, por pocos minutos, en teléfonos que frecuentemente se quedan sin carga antes de que todos los presos puedan llamar. En el caso de Pompa López, muchas veces la comunicación se reduce a apenas un minuto o se interrumpe por la mala conexión.

Hernández Vilar denuncia además un clima de arbitrariedad y abuso de poder dentro del penal. Asegura que el jefe de la unidad se presenta como “el dueño de la prisión” y afirma que puede hacer lo que quiera dentro de ella. Según su testimonio, esta actitud se traduce en castigos sistemáticos tanto para presos políticos como para presos comunes. Entre ellos, la devolución injustificada de alimentos llevados por los familiares, lo que agrava la desnutrición de los reclusos y castiga indirectamente a quienes intentan ayudarlos.

La denuncia también expone el impacto de esta situación en la familia. Hernández Vilar vive en La Habana y debe recorrer una larga distancia hasta Matanzas para poder ver a su esposo, lo que implica un alto costo físico, emocional y de seguridad. Es madre de dos niños, uno de dos años y otro de diez, quienes prácticamente no pueden ver a su padre debido a la lejanía del penal. Relata que los viajes los realiza sola, regresando de noche, y responsabiliza a las autoridades por cualquier riesgo que pueda correr en el trayecto, en un contexto de creciente inseguridad y violencia.

En su testimonio, Hernández Vilar responsabiliza directamente a la Seguridad del Estado por lo que pueda sucederle a su esposo y a su familia. Señala también a Miguel Díaz-Canel como responsable político del traslado de Pompa López a la prisión de Agüica y de su encarcelamiento, que califica de injusto. Asegura que estas condiciones constituyen un castigo doble, dirigido a quebrar física y psicológicamente al preso político y a castigar a su familia mediante el aislamiento, la distancia y el miedo.

La denuncia de Suarmi Hernández Vilar se suma a las múltiples alertas sobre la situación de los presos políticos en Cuba, donde la falta de atención médica, la desnutrición y las condiciones inhumanas de reclusión son utilizadas como mecanismos de represión. ClickCuba continuará dando seguimiento a este caso y a cualquier información que permita visibilizar lo que ocurre dentro del sistema penitenciario cubano.