EE. UU. intercepta un tercer buque petrolero vinculado a Venezuela y refuerza el cerco sobre el comercio sancionado

Estados Unidos interceptó este domingo un tercer buque petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana, en lo que representa una nueva escalada de presión sobre el comercio de crudo sancionado que, según Washington, financia al régimen de Nicolás Maduro.

El buque intervenido en esta ocasión es el petrolero Bella-1, de bandera panameña, incluido en listas de sanciones estadounidenses por su presunta vinculación con redes de transporte de petróleo que evaden las restricciones internacionales. De acuerdo con la información disponible, el barco fue abordado cuando se encontraba en ruta hacia Venezuela para cargar crudo.

Esta operación se produce apenas un día después de la interceptación del petrolero Centuries y once días después del abordaje del Skipper, lo que confirma un patrón sostenido de acciones navales en menos de dos semanas.

Dos interceptaciones previas en menos de quince días

El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses intervinieron el petrolero Skipper, señalado como parte de la llamada flota fantasma utilizada para burlar sanciones internacionales sobre el sector energético venezolano. En ese caso, la carga fue confiscada y el buque quedó bajo control de las autoridades norteamericanas.

Posteriormente, el sábado 20 de diciembre, fue interceptado el Centuries, también frente a la costa venezolana. Funcionarios estadounidenses afirmaron entonces que el buque transportaba petróleo sujeto a sanciones y que operaba mediante mecanismos de ocultamiento de origen y destino para evadir controles.

Con el abordaje del Bella-1 este 21 de diciembre, Estados Unidos completa tres operaciones consecutivas en un corto lapso, dirigidas a cortar los flujos de exportación petrolera que Washington considera ilegales.

La posición de Estados Unidos

La administración estadounidense ha defendido estas acciones como parte de una estrategia para limitar los ingresos del régimen venezolano, al que acusa de utilizar el petróleo como principal fuente de financiamiento para sostener un aparato represivo y redes ilícitas.

Desde Washington se ha insistido en que las operaciones se realizan en aguas internacionales, amparadas en el régimen de sanciones vigente, y que no están dirigidas contra terceros países, sino contra embarcaciones previamente identificadas por su participación en esquemas de evasión.

A mediados de diciembre, el presidente Donald Trump ordenó reforzar el control sobre los buques que transporten petróleo sancionado desde o hacia Venezuela, una directriz que ahora se materializa con estas interdicciones navales.

Reacción del régimen venezolano

El régimen de Nicolás Maduro ha condenado las interceptaciones, calificándolas de “piratería” y “violación del derecho internacional”. Funcionarios del gobierno venezolano han anunciado su intención de presentar denuncias ante organismos multilaterales, aunque hasta el momento no han ofrecido alternativas para enfrentar la profunda crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.

Mientras Caracas centra su discurso en la confrontación externa, la población venezolana continúa enfrentando escasez, apagones, inflación y un éxodo masivo, en un contexto de colapso sostenido del sistema productivo.

Un cerco que se estrecha

La sucesión de interceptaciones en tan corto tiempo evidencia un endurecimiento real de la política estadounidense hacia el régimen venezolano y marca un punto de inflexión en la aplicación práctica de las sanciones sobre el sector energético.

Analistas advierten que, de mantenerse este ritmo, el margen de maniobra del régimen para comercializar su petróleo seguirá reduciéndose, con consecuencias directas sobre su capacidad financiera y su control interno.

Por ahora, el mensaje de Washington parece claro: la vigilancia sobre el comercio petrolero sancionado no es retórica, sino una acción sostenida en el terreno.