Denuncia de arbitrariedad y maltrato tras corte eléctrico a una familia en Camagüey

El periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció públicamente en Facebook un episodio de abuso y arbitrariedad cometido por un trabajador de la Empresa Eléctrica en el reparto La Mosca, Camagüey, que dejó sin servicio eléctrico a su vivienda pese a tratarse de una supuesta deuda mínima y ya saldada.

Según el testimonio, un inspector identificado como Guillermo, cobrador de la luz en la zona, se presentó en el domicilio para cortar el servicio alegando una deuda de 25 pesos, con apenas 15 días de atraso, extremo que —afirma Tan Estrada— no fue probado. El comunicador sostiene que la actuación se realizó de manera arbitraria, sin ofrecer margen razonable para aclarar la situación.

La denuncia detalla que el funcionario habría incurrido en maltrato verbal y prepotencia contra la madre del periodista, quien aún presenta secuelas de una enfermedad viral y en ese momento cuidaba a un menor con fiebre. Pese a los intentos de diálogo, el inspector se negó a revisar lecturas, afirmó no contar con equipo digital y dejó claro que su función no era restablecer, sino interrumpir el suministro, tratándola —según el relato— “como si fuera una delincuente”.

Aun después de que el importe reclamado fuera pagado horas más tarde, nadie acudió a restablecer la electricidad, lo que Tan Estrada califica como negligencia y desprecio hacia la población. La familia permanecía sin corriente eléctrica al cierre de la publicación, con el consiguiente impacto en la salud de sus integrantes.

El periodista subrayó que no es la primera vez que el mismo inspector actúa de forma similar en su hogar. Ante ello, responsabilizó directamente a la Empresa Eléctrica de Camagüey de cualquier daño que pudiera sufrir su madre o su hermano como consecuencia del estrés, los malos tratos y la interrupción del servicio, y advirtió contra posibles represalias.

La denuncia ha generado amplia reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron indignación y exigieron explicaciones y responsabilidades por una actuación que, de confirmarse, evidenciaría prácticas abusivas en la gestión de un servicio básico.