
Alina Bárbara López Hernández relata su detención del 18 y expone el miedo del poder ante la protesta cívica
La profesora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández publicó en Facebook una detallada relatoría sobre su detención el día 18, un hecho que, más allá de una nueva violación de derechos humanos, revela —según su análisis— la fragilidad de un poder que actúa desde el temor y la falta de legitimidad social.
En su testimonio, López Hernández explica que su arresto no fue un hecho aislado ni casual. Tras varios meses en los que las autoridades habían permitido su protesta pacífica con un cartel reclamando la libertad de los presos políticos, la decisión de detenerla coincidió con la sesión online de la Asamblea Nacional. Ese día, los diputados de Matanzas se encontraban en la sede del Gobierno provincial, ubicada en las inmediaciones del parque donde ella suele manifestarse. La presencia de una protesta cívica, aunque pacífica, resultó intolerable para un poder que —afirma— no soporta la imagen de un solo ciudadano reclamando derechos frente a sus representantes.
La detención ocurrió, como en ocasiones anteriores, sin orden judicial ni explicación clara. Los agentes que la condujeron admitieron desconocer las razones y se limitaron a cumplir órdenes. López Hernández subraya que ese argumento, repetido a lo largo de la historia por regímenes represivos, no exonera la responsabilidad de quienes ejecutan actos ilegales. Antes de entregar su teléfono, logró avisar a su hija, quien más tarde también sería detenida.
Durante casi once horas permaneció retenida en una oficina de la estación policial. El lugar, descrito con crudeza, reflejaba la decadencia material del propio sistema. Mobiliario destruido, suciedad extrema y un baño en condiciones deplorables componían el escenario, presidido por un retrato de Raúl Castro. Para la profesora, ese entorno no es anecdótico, sino una metáfora del deterioro institucional y moral del Estado.
En ese tiempo, observó un inusual movimiento de patrullas y oficiales, sin que nadie asumiera la responsabilidad de explicarle su situación. Tras varias horas de espera, decidió gritar consignas por la libertad de los presos políticos, negándose a aceptar una retención silenciosa. Fue entonces cuando supo que Jorge Fernández Era y Lilian Borroto López también habían sido detenidos. Sus voces se cruzaron desde distintos puntos de la estación, confirmando que se trataba de un operativo mayor de lo que inicialmente parecía.
Uno de los momentos centrales del relato es el intercambio con un instructor de la Dirección Técnica de Investigaciones, quien se presentó como psicólogo. Desde una postura inicialmente prepotente, el oficial desestimó la protesta cívica y defendió la permanencia del régimen como un hecho inmutable. La respuesta de López Hernández fue un alegato histórico y político sobre el carácter transitorio de los sistemas opresivos, la ruina económica del país y la falsedad de identificar “revolución” con un gobierno que, a su juicio, dejó de serlo hace décadas. Según la profesora, ese intercambio evidenció fisuras en un discurso oficial sostenido más por la inercia y el miedo que por convicciones reales.
Al final de la jornada, ya sin electricidad en la estación y tras horas de abandono, fue trasladada para levantarle un acta de advertencia por violar la medida cautelar de reclusión domiciliaria y para incautarle el cartel. López Hernández se negó a firmar ambos documentos y reiteró que continuará ejerciendo la protesta no violenta, al considerar ilegítimo el proceso judicial en su contra y en el de otras activistas como Jenny Pantoja.
A su salida, se reencontró con sus familiares y con Jorge y Lili, ya liberados. Destacó el papel de su hija Cecilia, quien mantuvo informada a la ciudadanía a través de redes sociales y medios independientes, así como el acompañamiento de vecinos, colegas y numerosas personas dentro y fuera de la isla.
En su publicación, Alina Bárbara López Hernández no solo documenta una detención arbitraria. Construye, además, un retrato del funcionamiento interno de un Estado que, frente a una protesta pacífica, responde con improvisación, miedo y represión, confirmando —en sus palabras— la debilidad de un poder que sabe que ya no cuenta con respaldo social.
La publicación estuvo acompañada por una caricatura de Wimar Verdecia, que la autora calificó como especialmente representativa de lo ocurrido.






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