Denuncian grave riesgo para seis menores en albergue estatal de Arroyo Naranjo

Una denuncia difundida en redes sociales por Amelia Ramos ha generado profunda alarma sobre la situación de seis menores que residen en un albergue estatal en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Según la publicación, los niños estarían en riesgo tras un presunto intento de agresión con arma blanca por parte de su madre, identificada como Darianni Silvera Labrador.

De acuerdo con la denuncia, la mujer reside junto a sus hijos en el albergue conocido como Solidaridad de las Guásimas. La activista afirma que la madre habría intentado atacar a los menores con un cuchillo y que, tras el incidente, fue hospitalizada. Sin embargo, hasta el momento —siempre según la publicación— no se habría adoptado ninguna medida efectiva para proteger a los niños.

La situación resulta aún más delicada porque, según la información divulgada, se trata de seis menores, dos de los cuales presentan condiciones de salud que los hacen especialmente vulnerables: uno es sordo y otro tiene retraso mental. Vecinos del lugar habrían manifestado temor por la vida de los niños y aseguran que continúan expuestos a una situación de peligro.

En la denuncia se señala directamente la inacción de las autoridades y de las instituciones estatales responsables de la protección de la infancia. Amelia Ramos sostiene que ni el Gobierno ni los organismos correspondientes han intervenido de manera efectiva para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, a pesar de la gravedad de los hechos descritos.

Hasta el cierre de este artículo, no existe información pública oficial que confirme una investigación en curso, la adopción de medidas de protección ni el traslado de los niños a un entorno seguro. Tampoco se han ofrecido explicaciones por parte de las autoridades locales sobre el estado actual de los menores ni sobre la situación legal de la madre.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la falta de mecanismos efectivos de protección a la infancia y la opacidad institucional ante denuncias ciudadanas graves. Organizaciones independientes y activistas insisten en la urgencia de una intervención inmediata que priorice la vida y la integridad de los seis niños, así como la transparencia en la actuación de las autoridades responsables.