Investigación policial apunta a un presunto entramado de blanqueo ligado al entorno del régimen venezolano en el caso Plus Ultra

Una investigación publicada por el medio español The Objective ha vuelto a situar en el centro del debate público el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el Gobierno español en marzo de 2021 por un monto de 53 millones de euros. Según detalla el periódico, lo que comenzó como una ayuda estatal presentada como “estratégica” podría esconder un presunto entramado de blanqueo de capitales vinculado al entorno del régimen venezolano.

De acuerdo con la información publicada, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga a la cúpula de la aerolínea tras detectar movimientos financieros sospechosos previos al rescate. Plus Ultra, una compañía con escasa actividad real y pérdidas continuadas desde años antes de la pandemia, habría recibido préstamos de sociedades radicadas en Reino Unido, Suiza y Panamá, estructuras sin empleados ni actividad conocida y con claros indicios de ser empresas pantalla.

The Objective sostiene que esos préstamos, formalmente registrados como deuda, habrían permitido introducir en el sistema financiero europeo capital de origen presuntamente ilícito. El punto clave de la investigación radica en que esos fondos llegaron a la aerolínea antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate público, lo que refuerza la hipótesis de que la operación estaba diseñada para culminar con dinero procedente del Estado español.

Según el esquema descrito por el medio, una vez recibido el rescate de la SEPI —dinero completamente legal y fiscalizado— Plus Ultra habría utilizado parte de esos fondos públicos para devolver los préstamos anteriores. De confirmarse, el mecanismo habría permitido transformar dinero opaco en capital limpio, avalado por una ayuda estatal, utilizando a la aerolínea como intermediaria.

La investigación también apunta a conexiones con entidades financieras panameñas vinculadas históricamente a la estructura económica del chavismo y a figuras cercanas a la cúpula del poder en Venezuela. The Objective subraya que este entramado habría servido no solo para lavar dinero, sino para garantizar un canal financiero y logístico seguro al entorno de una narcodictadura señalada internacionalmente por corrupción, saqueo de recursos públicos y vínculos con el narcotráfico.

Aunque el rescate se concedió en forma de préstamo y no a fondo perdido, el medio recuerda que Plus Ultra cuenta con un largo periodo de carencia y que la devolución del principal comenzará a ser exigible en 2026. La duda central es evidente: una empresa deficitaria, con activos mínimos y que habría destinado parte del dinero público a saldar deudas sospechosas, difícilmente podrá devolver esos fondos.

Si la aerolínea entra en quiebra, el Estado español quedaría como un acreedor más, con escasas posibilidades de recuperar el dinero, mientras los beneficiarios finales de la operación ya habrían cobrado en capital limpio. Para The Objective, este caso no solo representa un posible fraude económico, sino una grave utilización de recursos públicos en beneficio de intereses ajenos al bien común.

La investigación judicial sigue en curso y será la justicia quien determine las responsabilidades penales. Sin embargo, el trabajo periodístico publicado por The Objective deja una pregunta incómoda sobre la mesa: cómo una estructura estatal diseñada para proteger el interés general pudo haber servido, presuntamente, como aval para una operación que hoy amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros y políticos de los últimos años.