Tribunal Supremo notifica sentencia contra Alejandro Gil: el exministro enfrenta prisión perpetua según fallo oficial

El Tribunal Supremo Popular (TSP) hizo pública este 8 de diciembre la notificación de sentencia contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía. La máxima instancia judicial confirmó que fue hallado responsable de delitos graves contra la seguridad del Estado y el manejo de funciones públicas.

La información se difundió en el sitio oficial del TSP, un hecho poco frecuente tratándose de un alto funcionario, lo que revela la dimensión política del caso en un país donde los procesos judiciales de este nivel rara vez se exponen con tanta visibilidad institucional.

Dos causas, una condena extrema

Según el comunicado, Gil fue procesado en dos expedientes distintos.

En el primero, la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado lo declaró culpable de espionaje, cohecho, sustracción de documentos, violación de sellos y revelación de información clasificada, entre otros cargos. Por esa suma de hechos, el tribunal impuso prisión perpetua.

El segundo expediente corresponde a delitos económicos vinculados al ejercicio de funciones públicas y la manipulación de documentos oficiales. Allí se le atribuyeron cohecho continuado, falsificación, tráfico de influencias y evasión fiscal, que resultaron en 20 años adicionales de privación de libertad.

El fallo también incluye sanciones accesorias: confiscación de bienes, pérdida de derechos civiles y prohibición definitiva de ocupar cargos administrativos. La sentencia se fundamenta en los artículos constitucionales que regulan la responsabilidad del funcionario público y en disposiciones del Código Penal relacionadas con el daño social causado.

Un juicio sin acceso público

La propia nota del TSP confirma que el proceso se desarrolló en la Sala de Seguridad del Estado, bajo un formato de juicio cerrado. Solo accedieron las partes y personas autorizadas por el tribunal.

La vista oral se realizó en dos momentos: del 11 al 13 de noviembre, y del 26 al 29 del mismo mes. El cierre del juicio ocurrió el 29, aunque el tribunal no había divulgado la fecha de sentencia hasta esta notificación oficial.

En Cuba, este tipo de procesos rara vez es observado directamente por la ciudadanía, lo que deja amplias zonas de incertidumbre sobre las pruebas, los argumentos defensivos y las valoraciones judiciales aplicadas.

Impacto político y preguntas abiertas

La caída en desgracia de un funcionario que durante años fue presentado como rostro económico del gobierno deja interrogantes más allá del expediente judicial.

Para amplios sectores dentro y fuera del país, el caso no solo habla de responsabilidad individual, sino de la crisis estructural de un sistema donde la falta de transparencia, controles reales y rendición de cuentas han sido constantes.

En una isla sumida en una recesión prolongada, el juicio a Gil deja un precedente: las autoridades han decidido exhibir el castigo, pero sin permitir una discusión pública sobre el origen y alcance de las decisiones que llevaron a la debacle económica.

Lo que viene: recursos procesales y monitoreo ciudadano

El comunicado recuerda que la defensa y la Fiscalía disponen de diez días hábiles para apelar. En el caso de la prisión perpetua, la ley exige que el Tribunal revise de oficio la sentencia, incluso si no media recurso.

Si la sanción es ratificada, sería uno de los castigos más severos impuestos a un exmiembro del Consejo de Ministros en décadas.

La publicación oficial cierra el hermetismo del proceso, pero no elimina la necesidad de respuestas: ¿fue Gil el único responsable? ¿se juzgarán otras figuras vinculadas a la toma de decisiones económicas? ¿existe transparencia para conocer el trasfondo real del caso?

Hasta hoy, la justicia estatal solo ha mostrado el veredicto. El país, sin embargo, sigue esperando explicaciones.